Política española

Un jurista de fuste y un diputado capaz de transformar el Congreso en un escenario de gresca: la contradicción que avergüenza a la política española.

Las declaraciones en la Audiencia Nacional revelan cómo altos mandos y hombres del Ministerio del Interior buscaron bloquear investigaciones y amedrentar a los investigadores.

La instrucción de Juan Carlos Peinado procesa a Begoña Gómez por cuatro delitos; las defensas denuncian manipulación y las acusaciones no se ponen de acuerdo sobre quién debe sentarse en el banquillo.

Pedro Sánchez ha apostado por un activismo global que le devuelve iniciativa política. Es una jugada de alto riesgo y alto voltaje, con Andalucía como primer termómetro.

La presentación de una denuncia por revelación de secretos sitúa en sede judicial el acceso y la difusión de documentos municipales. No son rumores: son actuaciones y fechas concretas que exigen claridad.

El PSOE de Alicante se juega la próxima batalla municipal entre una dirección que busca aire nuevo, una portavoz que recupera fuerza y la posible irrupción de un independiente. Tres opciones, una decisión.

Elche vive una metamorfosis paulatina: el empuje de la restauración y la conversión de locales en viviendas reconfiguran el centro y los ejes comerciales.

La contundente derrota de Viktor Orbán no es un suceso aislado: desmorona una referencia internacional de la ultraderecha y obliga a revisar alianzas, estrategias y complicidades dentro y fuera de España.

En Barcelona se ha escenificado una asunción de mando: apoyo explícito de Lula a la campaña 'No a la guerra' y la proclama de Sánchez de armar "el ejército desde el bando correcto de la Historia".

Pedro Sánchez comparte acto en Gibraleón con María Jesús Montero; la candidata define la contienda como un "referéndum por la sanidad pública" y pide movilización para el 17 de mayo.

El Grupo Popular propone construir un millón de viviendas en cuatro años mediante cambios en la Ley de Vivienda y en la Ley del Suelo. La iniciativa elimina controles de la norma de 2023 y acelera trámites administrativos.

La denuncia no es una queja retórica: según Elisa Beni, la ofensiva gubernamental contra jueces y magistrados ha desembocado en una erosión inédita de la legitimidad judicial y en la credibilidad del sistema.