Cincuenta años de silencio que avergüenzan a la Nación

Hay sombras que no se disipan por más que se hable de ellas en plazas y foros: persisten porque alguien decide mirar hacia otro lado. El drama saharaui, 50 años después de la descolonización pendiente, es una de esas sombras que deberían avergonzar a cualquiera que reivindique la palabra "responsabilidad".

Los hechos, crudos y contados por quienes los sufren, no admiten eufemismos. Más de 200.000 saharauis viven en cinco campamentos en la hamada de Argelia; una universitaria saharaui con contratos documentados en la AECID ha visto negado su visado en tres ocasiones porque, le dijeron, su documentación “no era fiable”. Hijos y nietos de quienes tuvieron DNI español se encuentran hoy en condiciones que no corresponden a una nación que reclama coherencia con su historia.

España firmó en 1975 compromisos y dejó una asignatura pendiente: la culminación del proceso de descolonización "cuando la opinión saharaui se haya expresado válidamente", reza el propio texto que figura en los acuerdos de entonces. No son invenciones retóricas: son obligaciones jurídicas y morales que siguen sin resolverse y que ahora se ven agravadas por decisiones políticas recientes.

Hace cuatro años, el presidente Pedro Sánchez cruzó una línea inédita al respaldar el plan de autonomía marroquí; una elección que muchos saharauis interpretan como traición a la memoria y a los vínculos. "De los socialistas no puedes esperar nada", lamentaba un habitante de Auserd. No es una frase aislada: es el eco de una esperanza convertida en desamparo.

Ante esta encrucijada, la política interna añade más sombras. Un proyecto de ley para nacionalizar a los descendientes saharauis, impulsado por IU y registrado por Sumar, duerme en la Comisión de Justicia a la espera de que el PSOE deje de bloquear la constitución de la ponencia. Enrique Santiago, portavoz adjunto de Sumar, denuncia que las enmiendas están presentadas y que el PP apoya la iniciativa; Vox no se opuso. Si todo ello es cierto —y lo es—, ¿qué motivo de Estado justifica este inmovilismo salvo el cálculo táctico y la frialdad burocrática?

No se trata sólo de papeles. La AECID destinó 12,6 millones en 2024 para los refugiados en Tinduf; ayuda tangible, sí, pero también la amargura de quienes ven que el aporte resulta insuficiente frente a las necesidades en jaimas y casas de adobe. La moneda de la solidaridad no puede quedarse en cifras cuando hay vidas y futuro en juego.

La contradicción es palmaria: el mismo Gobierno que mostró contundencia en la defensa de la legalidad internacional en otras crisis —como la de Gaza— mantiene una actitud comedida, casi desconectada, con respecto a la deuda histórica con el Sáhara. ¿Es coherente esa doble vara? La respuesta la tienen los responsables políticos, pero la vergüenza la sufre la Nación.

Exigir igualdad de trato para los descendientes saharauis no es capricho partidista: es reparar una anomalía jurídica y moral. Bloquear una ponencia parlamentaria cuando hay enmiendas trabajadas, apoyo de otros grupos y una urgencia humanitaria evidente es, en términos sencillos, prolongar el abandono.

España no puede permitirse olvidar su propia historia. El trato a los saharauis no es una cuestión de interés electoral; es una cuestión de Estado, de honor y de justicia. Abrir la puerta a la reparación —a través de la ley que permita la nacionalización de quienes descienden de españoles— es un acto de coraje que este país merece. Permanecer impasible, en cambio, es una decisión política que nos reduce a la complicidad con el olvido.