No es anécdota: Canarias y el Estado en cambio de guardia

El episodio del Hondius no es un desliz humorístico que admitir en memes; es una pieza de poder en la que se confrontan decisiones técnicas, prerrogativas legales y percepción pública. Fernando Clavijo ha dicho, con palabras que buscan afinar el sentido de la gravedad, que no hubo un choque político sino de gestión. Y esa distinción importa: gestión es seguridad, competencias y responsabilidad ante la ciudadanía.

El presidente canario advirtió del peligro de que roedores portadores de hantavirus saltaran del barco a tierra, apoyándose en un informe de Sanidad y en un pantallazo remitido a la ministra con la frase subrayada: “Las ratas son excelentes nadadoras”. El Ministerio respondió con un análisis técnico que apunta que el reservorio natural del virus de los Andes presente en el Hondius es el ratón colilargo patagónico, que no nada. Esa confrontación de datos desembocó en la negativa de Clavijo a autorizar el fondeo.

La respuesta del Estado fue administrativa y tajante: a la 1.12 la directora general de la Marina Mercante invocó el artículo 299 de la Ley de Puertos y anuló el veto autonómico. El Hondius entró en Granadilla seis horas después y la operación siguió su cauce. No hay en la cadena de hechos misterio oculto: decisión autonómica, resolución de la Marina Mercante, entrada del buque y continuación del operativo.

Mientras la evacuación alcanza su fase final —quedan, según la nota informativa, dos contingentes por evacuar, un vuelo a Australia con seis personas y otro a Países Bajos con 18 pasajeros—, se mantienen las preguntas sobre el proceso: por qué no se practicaron tests PCR a todos los que bajaron del barco y por qué se optó en su lugar por antígenos en momentos claves del operativo. Es un reclamo de seguridad que, por ahora, no aparece desmentido en la información pública.

En el terreno político, el conflicto puede derivar en una vía judicial: Clavijo anunció que el Consejo de Gobierno decidirá si recurre la decisión de la Marina Mercante por posible invasión de competencias. El portavoz autonómico, Alfonso Cabello, moderó la posibilidad en público: no se descarta estudiar vías judiciales, pero la prioridad es que concluya el dispositivo de evacuación. Esa prudencia formal convive con la advertencia política de la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, que acusó a La Moncloa de soberbia y de actuar “desde la imposición”.

La ministra de Sanidad, Mónica García, se negó reiteradamente a entrar en la polémica y defendió ante los medios que el Gobierno está “a trabajar” para que la operación salga bien; la acompañaban el ministro del Interior y el de Política Territorial. Es un recordatorio de que el Estado optó por levantar el veto y gestionar la crisis de forma ejecutiva. Queda, no obstante, un saldo político: el presidente canario lamenta que se haya hecho pública una conversación privada con la ministra y que ésta haya acabado convertida en anécdota y meme. No es solo vanidad: es la percepción de que la seguridad sanitaria y la autoridad institucional fueron, en un momento decisivo, objeto de disputa pública.