Ferraz, bolsas y 90.000 euros: la evidencia que exige respuestas

En el estrado del Tribunal Supremo se desgranaron hechos que no admiten ornamentaciones: Carmen Pano, investigada en el caso Hidrocarburos, ha confirmado que acudió en dos ocasiones a la sede del PSOE en la calle Ferraz para entregar un total de 90.000 euros en efectivo, en dos pagos de 45.000 euros cada uno.

La descripción no es retórica: billetes de 50 y 100, bolsas —una de plástico blanca dentro de otra de papel marrón—, y el mismo modus operandi en ambas ocasiones. Pano dijo que fue ella quien sacó el dinero y que lo entregó tras pasar por el despacho de Víctor de Aldama, a quien señaló como la persona que le dio el dinero para llevar al partido. Aldama, por su parte, negó esa entrega. Es la confrontación entre versiones que exige claridades, no eufemismos.

No es un testimonio aislado. Antes compareció Álvaro Gallego, chófer y amigo ocasional de Pano, que relató cómo trasladó a la investigada a Ferraz y vio “tacos de billetes” en una bolsa transparente dentro de otra marrón. Gallego situó esos hechos a finales de 2020, en el contexto de una trama que intentaba obtener una licencia para operar a través de la sociedad Villafuel, operación que —según oyó decir— “iba a costar 600.000 euros”.

El relato del chófer y el de la empresaria concuerdan en lo esencial: la existencia de dinero en efectivo, el viaje a Ferraz y la entrega de una bolsa que Pano abandonó en la sede. Gallego también declaró que trasladó a Pano y a Claudio Rivas al Ministerio de Industria en fechas coincidentes con las gestiones para la licencia. Pano, además, explicó que Rivas le hacía transferencias a cuentas de sus empresas y que ella sacaba efectivo para dárselo a Aldama, siguiendo instrucciones de Rivas.

El juicio abordó, además, otro episodio conexo y esclarecedor: la compra de un chalé en La Alcaidesa que, según la declaración, se concertó por decisión de Claudio Rivas primero como inversión y después como bien destinado al exministro José Luis Ábalos. Pano respondió afirmativamente cuando el fiscal preguntó si la compra se realizó como contraprestación de Rivas a Ábalos por su mediación para adquirir la condición de operadora de hidrocarburos. El contrato de alquiler con opción a compra para el ministro fue firmado, pero la operación no prosperó por el cambio de circunstancias políticas y administrativas.

Son hechos que exigen respuestas precisas: quién recibió el dinero en Ferraz, cuál era la finalidad concreta de esas entregas y cómo se articulan las instrucciones y movimientos de fondos dentro de la trama. No se trata de insinuaciones: son declaraciones ante el Supremo que trazan un mapa de hechos y coincidencias.

La justicia tiene ahora la palabra; la sociedad, el deber de vigilar que las explicaciones sean completas y la rendición de cuentas, total. Cuando el dinero aparece en bolsas y cruza despachos, la política pierde crédito y la confianza pública se erosiona. Exigir transparencia no es interés partidista: es deber democrático.