Silencio y evasión en la Cámara: la comparecencia que no fue

La sesión en la comisión del Senado arrancó con una declaración breve y definitiva: Julio Martínez Martínez informó que, por su condición de investigado y por su situación médica, no respondería a preguntas. Afirmó que la obligación de comparecer vulneraba su integridad física y moral. Con esas dos líneas le bastó para convertir la jornada en un desahogo protocolario y en una prueba de fuerza procedural.

No fue ausencia: Martínez sí acudió. Pero su presencia fue un gesto silencioso. Tras presentar días antes un informe psiquiátrico y alegar baja por depresión y ansiedad para posponer la cita, el Senado mantuvo la convocatoria. El empresario leyó que estaba en baja y que su situación médica desaconsejaba someterse a la comparecencia; acto seguido guardó silencio durante más de una hora mientras los senadores le interpelaban sin obtener respuestas.

El trasfondo procesal es incuestionable: se trata de la tercera citación impulsada por el grupo mayoritario en la Cámara alta. En las dos primeras ocasiones Martínez no compareció porque el Ministerio del Interior no logró localizarle; los populares calificaron entonces esa imposibilidad de excusa y solicitaron su llamado mediante edicto. Esta vez, tras un ir y venir de comunicaciones —burofax y correo al presidente de la comisión los días previos en los que reiteró su situación médica y adjuntó un documento psiquiátrico con detalles de ansiedad, somatizaciones e insomnio—, decidió presentarse pero limitarse a no contestar.

La comisión intentó sin éxito conocer datos básicos: cuándo conoció a Zapatero, si conocía a Delcy Rodríguez, el origen y alcance de los trabajos que facturaba a través de Análisis Relevante o si mediaba ante el rescate de Plus Ultra. Todas las preguntas quedaron en el aire. Solo respondió una escueta confirmación de que se encontraba bien cuando le preguntó un senador tras la larga comparecencia silenciosa.

El expediente que pesa sobre él tampoco es leve. Fue detenido el 11 de diciembre en el marco de la investigación secreta de la Audiencia Nacional que indaga presuntos delitos de blanqueo ligados al rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra en 2021. La Fiscalía Anticorrupción examina sus trabajos para la aerolínea, facturados a través de su sociedad Análisis Relevante. Esa empresa pagó a su vez unos 463.000 euros al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por trabajos de consultoría, suma que figura en la pieza pública de la investigación y que el propio Zapatero explicó en una comparecencia anterior.

El presidente de la comisión, Eloy Suárez (PP), denunció la falta de seriedad de los movimientos de Martínez: dijo que a última hora su intención era desconvocar la jornada, pero que luego hubo manifestación de intención de acudir por parte del empresario. Suárez calificó el comportamiento de falta de respeto y desprecio a las normas de la Cámara. Martínez, por su parte, aseguró haber sido tratado de forma discriminatoria respecto de otros citados que fueron eximidos de comparecer, poniendo como ejemplo la ausencia de Francisca Muñoz en otra convocatoria.

Lo ocurrido ayer en la Cámara alta plantea, sin estridencias ni conclusión temeraria, una cuestión elemental de responsabilidad pública: cuando una comparecencia es mantenida y un compareciente, presente, elige el silencio sostenido, la comisión queda privada de información esencial. Los hechos están sobre la mesa: investigaciones abiertas, detención previa, pagos documentados a terceros y una comparecencia que, pese a cumplirse formalmente, no arrojó ni un dato nuevo. El debate que queda es institucional y ciudadano: cómo sostener el derecho a la salud y a la defensa de un investigado sin que la salud alegada se convierta en un blindaje procesal que impida el esclarecimiento parlamentario de hechos públicos.