Cuando la sed de recursos choca con la reserva de agua: la reforma que abre los glaciares a la minería

El Congreso argentino dio luz verde a una enmienda que cambia las reglas de protección de los glaciares: lo que hasta ahora era un resguardo nacional, amparado por el inventario del Ianigla, queda sujeto a la discrecionalidad de las provincias.

No se trata de una abstracción técnica: hablamos de 16.968 glaciares que alimentan 36 cuencas hidrográficas en 12 provincias y abastecen a siete millones de personas. Hablamos de reservorios naturales que atan su pulso al de ríos y arroyos que mitigan sequías cada vez más frecuentes en un país que sufre ya la aridez en regiones como Mendoza.

El presidente Javier Milei avaló la reforma como un acto de “empoderamiento” provincial para explotar recursos donde, según él, “no había nada que proteger”. Esa es la interpretación del poder; la otra, la que encabezan ambientalistas y buena parte de la ciudadanía movilizada en las calles, alerta sobre la erosión de una protección pionera instaurada en 2010.

El cambio jurídico no borra la existencia del inventario nacional del Ianigla: lo mantiene como punto de partida, pero invierte la carga de la prueba. Ahora son las gobernaciones las llamadas a demostrar que ciertas áreas no son “estratégicas” como reservas de agua antes de autorizar actividad minera. Es, en esencia, un trasvase de control desde una ciencia institucionalizada a decisiones políticas provinciales.

Los gobernadores de las provincias ricas en minerales han mostrado su respaldo: Catamarca, Jujuy, Salta, Mendoza y San Juan ven en la modificación una oportunidad para impulsar proyectos mineros y, según sus voceros, para promover un desarrollo económico provincial y nacional. Frente a esa tesis, organizaciones como Greenpeace y voces científicas recuerdan la función primaria de los glaciares: actuar como reservorio de agua dulce y alimentar, con deshielos graduales, los sistemas fluviales de extensas regiones.

La reforma no ha sido recibida en silencio: manifestaciones con pancartas que apelan a la inmutabilidad de la Ley de Glaciares recorrieron plazas y el Congreso. Diputados opositores advirtieron, con énfasis, que poner en riesgo el agua es poner en riesgo cualquier proyecto serio de crecimiento y desarrollo.

Esta es la disyuntiva que plantea la nueva norma: una nación con vastos recursos minerales y provincias que reivindican su autonomía para explotarlos, frente a la evidencia de que esos recursos conviven —y a veces dependen— de reservas hídricas esenciales. No es un debate meramente técnico; es una decisión sobre prioridades: ¿subordinar la gestión del agua a un impulso extractivo, o preservar los reservorios que sostienen comunidades y economía regional?

El tiempo, los hechos y el agua dirán si la reforma supuso una modernización sensata del régimen legal o el punto de inflexión que debilita la protección de fuentes de agua estratégicas. Mientras tanto, la discusión seguirá en las calles, en los despachos provinciales y en la memoria de quienes saben que sin agua no hay proyecto duradero que valga la pena defender.