Medios, comisiones y rescates: la trama que asoma en el Supremo

Ha sido la palabra de una testigo la que encendió, una vez más, los focos sobre un episodio que huele a entretejido de intereses y favores. Leonor González Pano declaró en el Tribunal Supremo que el dueño de Air Europa, Juan José Hidalgo, pagó una comisión de medio millón de euros relacionada con el rescate de la aerolínea durante la pandemia.

Según su testimonio —refrendado por su madre, Carmen Pano— fue Víctor de Aldama quien les contó que él y Koldo fueron a la "casa del dueño de Air Europa, Pepe Hidalgo", a recoger 500.000 euros en gratitud por las gestiones que, según la narración, el Ministerio de Transportes estaba realizando para el rescate.

Los hechos relatados se enmarcan en un proceso que ya tiene nombre mediático: el llamado juicio de las mascarillas, donde se examinan las gestiones ordenadas por el entonces ministro José Luis Ábalos para favorecer el rescate de la compañía de Hidalgo. No obstante, es preciso subrayarlo con claridad: el pago de esa comisión de medio millón de euros no forma, por ahora, parte de las actuaciones.

El calendario público de los apoyos estatales tampoco se borra. El 3 de noviembre de 2020, el Consejo de Ministros aprobó una ayuda a Air Europa de 475 millones de euros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI. Esa intervención estatal es el telón de fondo de las conversaciones y los mensajes que constan en el sumario.

El instructivo trazado por la fiscalía apunta a una previa intervención relevante de Ábalos y a la actuación de su asesor Koldo García: la nota de prensa del Ministerio sobre las gestiones para apoyar a Air Europa, que se anticipó el 8 de agosto de 2020, tuvo para la Fiscalía un gran valor estratégico porque tranquilizó a acreedores y facilitó la ruta del rescate. El propio sumario recoge cómo, la mañana del 7 de agosto, Ábalos adelantó por WhatsApp la transcripción de la nota a Koldo; éste la remitió a Aldama y este a su vez la envió a Francisco Javier Hidalgo, consejero delegado ejecutivo de la compañía.

Los vínculos personales y las contraprestaciones aparecen también en otros episodios: la Fiscalía señala que Aldama agradeció a Ábalos costeando su estancia en la villa vacacional "Villa Parra" en Marbella en agosto de 2020. Además, Leonor González Pano declaró respecto al chalet de La Alcaidesa que Aldama habría comprado para el ex ministro en relación con la obtención de una licencia de operador para la empresa Villafuel, y que la orden de compra se la dio Claudio Rivas, socio y vinculado al caso Hidrocarburos.

Los papeles del sumario sitúan, además, a Aldama como asesor de Air Europa desde noviembre de 2019 hasta un año después, percibiendo de la compañía, a través de Globalia Corporación, 12.100 euros al mes. Son datos que encajan en un puzzle donde concurren gestores públicos, asesores y empresarios, y en el que la verdad procesal deberá dirimir la frontera entre gestión legítima y tráfico de influencias.

Queda, por tanto, un escenario abierto: declaraciones que señalan entregas de dinero, notas de prensa adelantadas por canales informales y ayudas millonarias aprobadas por el Consejo de Ministros. Todo ello ante la atenta mirada de la justicia y de una opinión pública que exige transparencia y responsabilidad. Sea cual sea la resolución, los hechos que ahora se declaran ante el Supremo obligan a una reflexión seria sobre el modo en que se articulan los rescates de empresas estratégicas y las relaciones entre lo público y lo privado.