La Justicia decide hurgar en las cuentas del entorno de Ayuso: transparencia obligada

La decisión del juez Antonio Viejo de requerir a dieciséis entidades bancarias la entrega de la información sobre las cuentas de Alberto González Amador desde 2014 no es un acto decorativo: es una pieza procesal que pretende trazar el contorno patrimonial de los investigados y de su entorno más cercano.

La Guardia Civil presentó la solicitud el 19 de diciembre de 2025 y el juez la ha estimado como "prioritaria" para la investigación. No se trata de un rastreo caprichoso en el tiempo: la UCO sitúa en 2014 el origen de las relaciones jurídicas que justifican que el examen comience en ese año. La medida, por su propia naturaleza, invade la esfera privada y por eso exigía la autorización judicial que ahora llega.

El objetivo expresado por el instructor es diáfano y restrictivo: construir, de forma preliminar, el catálogo real de bienes y determinar si pudo producirse un aumento patrimonial desmedido vinculado a los hechos que se investigan. Esa finalidad procesal es la que legitima la diligencia sobre cuentas personales y empresariales, sin que el auto descarte ampliar el examen a información tributaria y laboral en una fase posterior.

Los hechos objeto de investigación aparecen vinculados a una compra en diciembre de 2020: la adquisición por 500.000 euros de un negocio de estética en León a nombre de Gloria Carrasco, farmacéutica y esposa de Fernando Camino. La Fiscalía sospecha que aquel pago podría ser la devolución de un favor relacionado con la intervención de González Amador como intermediario en una compraventa de mascarillas en la que, según la instrucción, percibió una comisión de dos millones de euros.

No es un misterio procesal aislado. Amador afronta ya otra causa por un presunto fraude fiscal de 350.000 euros y esta segunda línea de investigación alcanza a quienes actuaron en el circuito empresarial y profesional en torno a la operación de las mascarillas y a la compraventa posterior. Fernando Camino, presidente y director general de Quirónprevención y jefe de Amador, no está imputado, aunque alguna parte lo solicitó durante la investigación.

La petición de auxilio a la UCO ya había sido formulada por la magistrada Inmaculada Iglesias el 27 de junio de 2025, ante la complejidad y el carácter interprovincial de la trama. Aquella instrucción fue relevada tras la jubilación de la jueza y desde octubre Viejo asumió el Juzgado Número 19 de Madrid, con la encomienda de seguir el cauce probatorio.

La demora de casi seis meses entre la solicitud y la autorización no ha pasado desapercibida: provocó reproches de la oposición madrileña, que actúa como acusación popular, y motivó recursos de la defensa, que vieron desestimada su petición en la Audiencia Provincial el 9 de abril. Son fases procesales que la instrucción debe resolver con las garantías de ley, sin atajos ni proclamas.

La autorización a la UCO es, en definitiva, un paso más en la caja de herramientas del procedimiento: medida invasiva pero prevista por el ordenamiento cuando existe indicio suficiente y finalidad probatoria concreta. La patria del imperio de la ley exige que la investigación avance con rigor y sin privilegios. La ciudadanía merece que los hechos se establezcan con pruebas y que las responsabilidades, si existen, se depuren en tribunales, no en el ruido político.