Josu Ternera y la espera judicial que aplaza la justicia española

El viejo zaguán de la historia criminal española vuelve a abrirse en una sala de apelación francesa. José Antonio Urrutikoetxea, alias Josu Ternera, sentado ante un tribunal en París, niega que aquello que para la ley es delito —la asociación con fines terroristas por su pertenencia a ETA entre 2002 y 2005— lo sea para él. "Sí, en tanto que militante de la organización. Pero lo que usted considera un delito, para mí no lo es", respondió a la primera pregunta judicial. ¿Negación, matiz o estrategia? El interrogante corta de raíz la aparente simplicidad de la causa y obliga a mirar sin distraernos las consecuencias jurídicas que de ello emanan.

El proceso, demorado desde 2021 y retrasado seis meses por alegaciones de la defensa, no es un episodio aislado: es el último trámite pendiente en Francia que bloquea su entrega a España. Hasta que esta causa no se resuelva —y se agoten las instancias previstas por la ley francesa— las euroórdenes que permiten su traslado para responder por el atentado de la casa cuartel de Zaragoza en 1987 y por la financiación de ETA a través de herriko tabernas no podrán ejecutarse. La verdad procesal, por tanto, condiciona la posibilidad de que la justicia española actúe sobre asuntos de máxima gravedad.

Ternera ha introducido desde el inicio de su defensa la distinción que quiere convertir en eje: era militante, asegura, pero no "dirigía" ni apostaba por la violencia en el periodo objeto de juicio. Relata su trayectoria desde 1968 hasta una renuncia que sitúa en 2006, cuando dice haber discrepado con la organización sobre el uso de la violencia. Alega, además, haber desempeñado tareas en el "aparato internacional" y reivindica su papel en procesos de negociación. ¿Puede un sujeto sin papel relevante participar en negociaciones que implican a gobiernos? La juez mostró su extrañeza; Ternera replicó invocando la figura del negociador y su experiencia. Son propuestas incompatibles o, cuando menos, difíciles de conciliar a la vista de los hechos por los que se le reclama en España.

La defensa intentó, sin éxito, que testigos internacionales vinculados a los procesos de paz —el político norirlandés Gerry Kelly y el abogado sudafricano Brian Currin— comparecieran como mediadores. El tribunal parisino consideró que no había motivos para suspender las vistas. El calendario judicial siguió su marcha: vista el jueves y la previsión de la petición de la fiscal el viernes. Pero la marcha de la justicia se topa con la realidad de la demora y con la salud del acusado, que ya en ocasiones anteriores alegó problemas médicos para aplazar la vista.

En paralelo a su relato de negociador, Ternera negó tener "nada que ver" con el atentado de Zaragoza de 1987. Rechazó imputaciones y contrapuso la acusación con la imagen que pretende proyectar: un histórico que buscó la negociación para "resolver el conflicto vasco". La Fiscalía, sin embargo, entiende que hay elementos que le vinculan a decisiones criminales en el pasado y por eso en España pesan sobre él euroórdenes ya aprobadas por Francia. Pero la ejecución de esas órdenes queda supeditada a la conclusión definitiva de este procedimiento en territorio francés.

No se trata de abstracciones: se trata de víctimas, de causas por las que la justicia española ha solicitado la entrega y de un procedimiento europeo que, por su propia arquitectura legal, exige que los procesos pendientes en el Estado requerido se resuelvan antes de permitir la extradición. La decisión que adopte el tribunal de apelación de París no solo dirimirá la responsabilidad del acusado entre 2002 y 2005, sino que, en la práctica, decidirá si Ternera responde aquí y ahora por hechos graves del pasado.

La escena en París, por tanto, tiene aroma de cláusula suspensiva: una sentencia que puede reabrir puertas cerradas, o alargar la espera de quienes buscan respuestas ante los tribunales. Y mientras la justicia europea y la francesa tramitan sus tiempos, la espera se prolonga, con todas sus tensiones y veredictos pendientes, para la memoria y la ley de nuestro país.