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La jueza ha apreciado indicios y ordena diligencias esenciales: declaración de la denunciante y examen forense. Se inicia una fase judicial que será larga y polémica.

Un pacto que no es tibio ni circunstancial: exige reformar la ley de extranjería, excluye a inmigrantes irregulares de prestaciones estructurales y condiciona ayudas y vivienda a la vinculación al territorio.

En privado la coalición recuerda que las encuestas colocan a Podemos como "el pequeño" y que Irene Montero no es opción para encabezar la unión. La supervivencia del espacio morado, dicen, exige incorporación sin dictados.

Un juez especializado ha encontrado indicios suficientes para investigar presuntos delitos de acoso sexual, laboral y revelación de secretos contra el alcalde de Móstoles y el Partido Popular. La causa, derivada de un escrito de casi cien páginas, avanza y cita a la denunciante.

El pacto de Extremadura no es un simple arreglo regional: obliga a leer en clave nacional. Al aceptar cuatro presupuestos y ceder en medidas ideológicas, Vox deja de ser lo imprevisible y emerge como socio con capacidad de estabilidad.

El Gobierno ha convertido la compasión en decreto y el decreto en atajo. Regularizar en masa sin orden ni control es legitimar el caos y condenar a España a pagar las consecuencias.

La marcha del concejal Pablo Alberto Ruiz Sánchez, tras denunciar indicios de corrupción investigados judicialmente, convierte el que fue bastión de Vox en un territorio en descomposición política.

El Partido Popular registra una iniciativa en la Cámara Alta para obligar al Ejecutivo a constituir una comisión que incluya a las asociaciones militares acreditadas y evitar agravios comparativos en el reconocimiento de los militares como profesión de riesgo.

Que España no participe en Flintlock, la gran maniobra liderada por EEUU en Libia, es una nota grave: no es solo un desplante, es un coste en coordinación, influencia y seguridad en el Mediterráneo.

La cumbre progresista en Barcelona puso sobre la mesa una verdad incómoda: los excesos de la derecha global han provocado indignación y movilización, pero la victoria exige estrategia y cohesión.

Un jurista de fuste y un diputado capaz de transformar el Congreso en un escenario de gresca: la contradicción que avergüenza a la política española.

El encuentro progresista dibuja respuestas claras: gravar grandes fortunas, limitar beneficios privados en servicios esenciales y poner coto a la compra especulativa de vivienda, medidas que afectan directamente a ciudades como Barcelona.