No a la regularización que cronifica la injusticia

España es una gran nación: abierta, acogedora y respetuosa con la ley. Esa síntesis —apertura y orden, generosidad y norma— ha sido siempre la clave de nuestro éxito. Lo que hoy se hace por decreto, al margen de lo votado en las Cortes, no es menor: va a conformar la España que seremos. Y esa responsabilidad exige una reflexión serena, no la exaltación impulsiva de un gesto fácil.

No invento datos: desde que gobierna Pedro Sánchez han llegado casi tres millones de personas; la irregularidad se ha multiplicado por ocho —de 107.000 en 2017 a 840.000 en 2025—; hay 250.000 expedientes de asilo pendientes; y el Ejecutivo ejecuta menos del 10% de las órdenes de expulsión. Frente a esas cifras, el Gobierno se arroga el monopolio de la compasión. Eso no es compasión: es abdicar de la ley y alimentar un efecto llamada que, como hemos pagado con tragedias en el mar, cuesta vidas.

Hay que poner el dedo en los cinco fallos esenciales del decreto. Primero, la regularización masiva premia la irregularidad y desautoriza la ley: es una caridad sin objetivos ni controles que recompensa la causa del problema. Segundo, el alcance del decreto es incierto: mientras el Ejecutivo habla de 500.000 personas, las estimaciones policiales elevan la cifra por encima de 1,2 millones. Un Estado serio no firma una norma de tal calado sin conocer a cuántos afecta.

Tercero, los controles son insuficientes: aceptar documentos caducados y renunciar a filtros que permitan verificar antecedentes es la decisión consciente de no mirar. Cuarto, el decreto no prevé el impacto sobre servicios públicos: sanidad, educación, vivienda y servicios sociales sufrirán una presión añadida sin refuerzos ni consulta. Quinto, no hay exigencia de integración: no se pide itinerario laboral, aprendizaje del idioma ni formación. Conceder permisos sin pedir nada a cambio convierte la legalidad en trámite vacío.

Detrás de las cifras hay personas con derechos y obligaciones; no son ni víctimas perpetuas ni verdugos. Merecen respeto, honestidad en las expectativas y apoyo condicionado a la ley. Cualquier otra postura es desprecio disfrazado de compasión.

Hay alternativa. El PP ya presentó en octubre de 2025 una propuesta construida sobre cuatro pilares: un visado por puntos vinculado al empleo real; reciprocidad con países colaboradores; una defensa eficaz de fronteras para combatir mafias; y un plan serio de retornos con plazos y garantías, especialmente para autores de delitos graves y multirreincidentes. Es una apuesta por reglas claras y controladas, no por atajos que posponen y cronifican el problema.

Gobernar no es despachar urgencias con decretos que eluden el Parlamento. Gobernar es ordenar el tiempo largo de una nación, conciliar generosidad con exigencia y proteger a quienes ya forman parte de la comunidad. España merece políticas valientes y ordenadas, no soluciones improvisadas que hipotecan el futuro. Eso es lo que debemos exigir y lo que prometo defender con firmeza.