Ante la vorágine: regular redes, frenar la especulación y proteger lo común en Cataluña y España

El debate internacional celebrado en el Global Progressive Movement no fue una charla académica más: fue un diagnóstico nítido y unas propuestas con horizonte político. Los socialdemócratas y expertos reunidos en decenas de mesas trazaron un mapa de amenazas y remedios que interpelan, sin ambages, a quienes gobiernan y a quienes gestionan lo público.

El primer punto que emerge con evidente fuerza es el reconocimiento del crecimiento de la desigualdad. Expertos como Gabriel Zucman propusieron una respuesta concreta: un tributo global del 2% sobre el patrimonio de las grandes fortunas, con capacidad —según sus cálculos citados en la conferencia— para movilizar recursos importantes contra la desigualdad. No es una declaración teórica, sino una apuesta por recursos públicos que permitan recuperar terreno social perdido en décadas de concentración de riqueza.

Junto a eso, la mirada progresista apuntó con dureza a la mercantilización de los bienes básicos. Investigadoras como Mariana Mazzucato e Isabella Weber recordaron que el agua, la energía y, en particular, la vivienda, no pueden quedar desprotegidos frente a las praderas de beneficio de las grandes corporaciones y los fondos de inversión. El diagnóstico es sencillo: cuando lo esencial se convierte en negocio desregulado, la ciudadanía sale perdiendo.

La vivienda se dibuja como campo de batalla urbano. Las grandes ciudades europeas —entre ellas Barcelona— aparecen en la agenda como receptoras directas de fondos europeos para políticas de vivienda. Las propuestas combinan límites a compras especulativas (como ya se hace en Países Bajos o en Cataluña), freno a la proliferación de plataformas de alquiler turístico y aumento de la oferta con criterios sociales. Un ejemplo operativo llegó desde Ámsterdam, donde la política de obra nueva incluye reservas para ingresos bajos y clase media. Y en Barcelona, el alcalde Jaume Collboni defendió públicamente su plan para agotar las licencias de más de 10.000 pisos turísticos en 2028, una medida que se presenta como respuesta a la presión sobre el parque residencial.

La economía productiva y la transición verde fueron otro eje. Las voces reunidas alertaron sobre una financiarización excesiva y exigieron que la agenda progresista apueste por la industria y por penalizar a las empresas que aún sostienen actividades en combustibles fósiles. La tesis es coherente: una transición verde activa no solo protege el clima, sino que ofrece estabilidad frente a los shocks económicos recientes.

En paralelo, España impulsa una iniciativa de alcance: la creación de un Consejo Global para una Economía del Bien Común, cuya primera reunión tendrá lugar en verano de 2026 y que se estructura sobre principios de justicia, igualdad, sostenibilidad y solidaridad global. España será país anfitrión de ese primer encuentro y la agenda busca articular pensamiento económico y reformas institucionales con participación de ministros, sociedad civil y economistas de trayectoria.

Finalmente, el foro puso sobre la mesa un reto cultural y político: el feminismo debe adaptar su lenguaje y herramientas para seguir siendo mayoritario, sobre todo entre la juventud. Es una llamada a renovar estrategias si se quiere mantener el respaldo social logrado.

Las lecciones del GPM son, por tanto, claras y correlativas: sin políticas que limiten la acumulación desmedida, que protejan servicios esenciales y que conciban la vivienda como derecho social, las ciudades y el conjunto del país quedarán a merced de dinámicas que empujan al deterioro social. Cataluña y Barcelona figuran en este relato como escenarios concretos donde se confrontan esas políticas y donde las medidas anunciadas —control de pisos turísticos, freno a la compra especulativa, uso de fondos europeos para vivienda— deberán demostrar si pueden revertir la lógica del negocio sobre lo común.

No se trató de retórica neutra: fueron propuestas y calendarios concretos, compromisos y planes que ya están en marcha o en vías de concreción. La política, si quiere responder a este diagnóstico, tendrá que elegir entre consolidar el interés público o seguir cediendo espacio a la financiera que extrae rendimientos del bien común. Esa elección condicionará el futuro urbano y social de Cataluña y de toda España.