Responsabilidades claras tras el derrumbe de la pasarela de El Bocal

La instrucción del caso de la pasarela de El Bocal ha dado un giro que exige respuestas nítidas. La magistrada ha decidido ampliar la acción penal al ingeniero industrial autor del proyecto de las estructuras de madera de 2014, tras la documentación aportada por el director facultativo de la obra, José Antonio Osorio, hoy jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria y también investigado. No son conjeturas: son los hechos que ahora pesan en el sumario tras la tragedia del 3 de marzo, en la que fallecieron seis estudiantes y una joven resultó herida grave.

Que la juez haya elevado a investigado al proyectista no responde a la petición municipal, sino estrictamente a los correos y dosieres que obran en la causa. De esos intercambios se desprende que el jefe de obra de Dragados detectó en el proyecto original coeficientes de seguridad "muy por debajo de lo aceptable" y que Fronda presentó una propuesta con nuevos cálculos y la promesa de garantizar la seguridad, manteniendo, eso sí, el planteamiento estético. De los correos también emerge la confirmación expresa del jefe de obra de que Fronda era la responsable del diseño, la fabricación y el montaje de las estructuras, contratada por Dragados. Son comunicaciones que obligan a actuar cuando la materia es la seguridad de las personas.

La juez no obvia el papel del director facultativo: como tal, le incumbía dirigir la ejecución material, velar por la adecuación al proyecto y advertir cualquier insuficiencia técnica que comprometiera la seguridad. Según el auto, Osorio aceptó y asumió técnicamente la solución propuesta por la obra en fase de ejecución, validando esa solución en lugar de paralizar o modificar el proyecto inicial. Esa asunción de responsabilidad en plena obra, según la instructora, implica una validación técnica que ahora debe esclarecerse en sede judicial.

El jefe de obra de Dragados aparece en el expediente como quien informó puntualmente al director facultativo de las incidencias técnicas detectadas y que, aunque propuso soluciones, siempre buscó la aprobación expresa de la dirección de obra. Los proyectistas originales, por su parte, quedan fuera de las modificaciones que se aplicaron durante la ejecución al no haberse decidido cambiar el proyecto original desde la dirección de obra.

Los peritajes, entre ellos el judicial, han concluido que la causa última del accidente fue la rotura de herrajes por corrosión. Ese dato técnico, sumado a los correos aportados, ha llevado a la magistrada a dirigir la acción penal contra quien firmó el proyecto concreto. La instrucción pondrá cara y voz a esas responsabilidades el próximo 5 de junio, fecha en la que están citados los investigados y en la que deberán explicarse ante el tribunal.

No es un ejercicio retórico: es el proceso legal siguiendo el rastro documental y técnico que la propia investigación ha sacado a la luz. Cuando la evidencia apunta a fallos en cálculos, en validaciones y en decisiones técnicas asumidas durante la obra, la justicia tiene la obligación de indagar con rigor y de atribuir responsabilidades con precisión. Las familias y la sociedad merecen ese esclarecimiento sin dilaciones ni ambigüedades.