España marginada en Sirte: la política exterior que nos deja fuera del mapa militar

España ha quedado fuera de Flintlock 2026, la operación militar combinada que esta semana ha arrancado en Sirte bajo la supervisión de Estados Unidos y con la presencia de Francia, Italia, Alemania y Reino Unido. No es una ausencia menor. Flintlock aspira a mejorar la coordinación internacional, elevar la preparación de combate, combatir el terrorismo y reforzar la cooperación entre países africanos para luchar contra las mafias humanas. Y España, país con un interés directo en la estabilidad de Libia y afectado por las salidas de embarcaciones hacia Italia, no estará en la sala donde se toman decisiones en el terreno.

La razón pública de la exclusión es el conflicto diplomático entre el régimen de Bengasi —al frente del Flintlock— y el Gobierno español, alimentado por una investigación de la Guardia Civil sobre una presunta venta de material de doble uso a altos cargos libios. El sumario que instruye la Audiencia Nacional investigó el intento de sacar de España 350 cascos de protección, 100 visores térmicos, 200 miras holográficas y 500 raíles picatinny por valor de 360.950 euros, material cuyo envío fue mayoritariamente frustrado, y en el que, según la información, solo llegaron a Libia 20 visores.

A esa pieza principal se añaden otras diligencias: una investigación sobre la venta de hasta 44 drones por 14,3 millones de euros y otra sobre supuestos cursos de paracaidismo y buceo para libios en Totana (Murcia). Esos episodios han tensado las relaciones hasta provocar el rechazo explícito del mando de Bengasi a cualquier relación con las fuerzas españolas: fuentes de inteligencia atribuyen a esas pesquisas la decisión de excluir a España del Flintlock.

El intercambio de gestos y represalias ha sido ya tangible. En verano de 2024, el hijo del mariscal Sadam Haftar fue retenido en el aeropuerto de Nápoles y, según la crónica judicial, la Guardia Civil introdujo un señalamiento en el sistema Schengen en relación con la investigación. Al regresar a Bengasi, Haftar ordenó el cierre del principal yacimiento de Repsol como medida de represalia contra el Gobierno español. La Audiencia Nacional, por su parte, tuvo que dejar constancia de que Haftar no estaba investigado.

El tablero libio está fragmentado y en reconstrucción tras la guerra civil. El propio asesor para Oriente Medio y África de EEUU destacó el progreso hacia un presupuesto nacional unificado y subrayó la importancia de que Libia acoja una de las maniobras Flintlock de AFRICOM. Al mismo tiempo, desde Bengasi se sostiene un plan de reconstrucción con un presupuesto que las fuentes del país han cifrado en "90 billones de euros", del que, según las mismas fuentes, España se está quedando fuera.

¿Es esta ruptura un mero roce protocolario o un riesgo tangible para los intereses españoles? No es baladí: cuando un aliado o interlocutor excluye a nuestras fuerzas de ejercicios que buscan, entre otras cosas, contener el tráfico de personas y coordinar respuesta antiterrorista en el Mediterráneo, se resiente la capacidad de influencia y la seguridad colectiva. Las fuentes de inteligencia consultadas por la prensa subrayan el problema que supone la ausencia española en un contexto en el que la migración irregular desde las costas libias continúa siendo un desafío.

España afronta una encrucijada que no admite gestos equivocados ni desdenes: conciliar la exigencia del Estado de derecho —la investigación de posibles exportaciones irregulares— con la necesidad estratégica de mantener canales operativos y de cooperación en un teatro tan sensible como Libia. No hay atajos: la soberanía judicial no puede ser moneda de cambio, pero tampoco puede ignorarse el descalabro operativo que supone quedar fuera de la mesa donde se deciden coordinaciones vitales para el sur del Mare Nostrum.

La política exterior exige, por tanto, claridad y firmeza. Dialogar con aliados, proteger los intereses empresariales y garantizar la seguridad ciudadana deben ser objetivos simultáneos, no excluyentes. Quedarnos al margen de Flintlock no es solo un titular; es una llamada de atención sobre la necesidad de un método que combine rigor judicial, diplomacia activa y sentido de Estado para no permitir que terceros decidan por nosotros dónde podemos o no estar cuando se juega la seguridad de la región.

España no puede conformarse con ser observador forzoso de decisiones que afectan directamente a su frontera sur. Recuperar influencia pasa por abrir con determinación vías que permitan volver a esa mesa: transparencia en las investigaciones, cooperación judicial con garantías y una diplomacia que explique y reconstruya confianza. Hacer menos sería admitir impotencia; hacer más, la obligación de un Estado que no renegará de sus principios ni de su responsabilidad estratégica.