El PP exige diálogo y pone en jaque al Gobierno por la reivindicación militar

Que los hombres y mujeres que visten el uniforme no sean oficialmente reconocidos como quienes ejercen una profesión de riesgo es, a la vista de los hechos, una anomalía que arrastra consecuencias concretas: beneficios laborales pendientes, entre ellos la jubilación anticipada sin penalización. El PP ha decidido poner esa anomalía sobre la mesa del Senado y forzar al Gobierno a escuchar.

El grupo popular ha registrado una moción en la Cámara Alta para que se constituya, dentro del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, una Comisión de Trabajo Temporal con participación de las asociaciones profesionales acreditadas. El objetivo es elemental y exigible: recabar propuestas de los militares y garantizar que la normativa se elabore "con todas las garantías" y sin sorpresas que generen desigualdades entre profesionales.

Los hechos repiten una secuencia conocida. El Ejecutivo abrió en marzo el camino para calificar de "alto riesgo" a los militares, pero pronto admitió que no sería posible abarcar a todos, para luego matizar y comprometerse —según la propia evolución administrativa— a no dejar fuera a nadie, "del primer soldado al último general". Entretanto, la oferta de buena intención no ha devenido todavía en una regulación definitiva, y el tiempo corre mientras la demanda de justicia laboral permanece insatisfecha.

El PP denuncia oscurantismo e imposición por parte del Ministerio de Defensa y reclama, con razón según su moción, que "cualquier modificación de este calado debe contar con los militares". Cuca Gamarra subraya la necesidad de escuchar a los profesionales y de abrir un espacio específico de trabajo para evaluar el impacto real y evitar agravios comparativos. Es una petición que busca precisión técnica y certidumbre jurídica antes que ocurrencias administrativas.

No es un capricho coyuntural: Génova ya llevó hace casi un año una propuesta para modificar la Ley General de la Seguridad Social e incluir a los militares entre los colectivos con coeficientes reductores de la edad de jubilación. Esa iniciativa, denuncian los populares, permanece en el "congelador de Armengol", con 27 ampliaciones de enmienda en el Congreso. Tampoco faltó la vía europea: el PP impulsó en el Parlamento Europeo una Directiva para reconocer como profesiones de riesgo a militares y a otros cuerpos (policías, funcionarios de prisiones, aduanas y fronteras), con vistas a reforzar derechos en jubilación y condiciones laborales.

Todo ello ocurre en un escenario que impone exigencias crecientes sobre Defensa: el aumento de la inversión y la presión derivada de compromisos internacionales son datos que no conviene soslayar. En consecuencia, la iniciativa popular no solo reclama reparación puntual, sino coherencia de Estado: proteger y cuidar a quienes nos protegen es, en palabras del propio PP, una obligación política que requiere decisiones claras y participación efectiva de los interesados.

El debate que se abre en el Senado permitirá calibrar si el Ejecutivo acepta someter la medida a un proceso de escucha y trabajo conjunto, o si prefiere mantener una tramitación ajena a las demandas expresas de los militares. La diferencia no es menor: de ella depende que la norma que reconozca la profesionalidad en riesgo sea justa y eficaz, o que quede lastrada por desigualdades y dudas que terminarán por generar conflictos evitables.