La Justicia entra en el caso Móstoles: la querella contra Bautista avanza y obliga a rendir cuentas

La magistrada instructora del Juzgado nº 2 de Violencia Sobre la Mujer de Móstoles ha decidido lo que la política no quiso: admitir a trámite la querella presentada hace tres meses contra el alcalde Manuel Bautista y contra el PP por seis delitos. No es una sentencia, sí es el inicio de la instrucción y, por tanto, del escrutinio público y judicial de unos hechos que hasta ahora se movían entre filtraciones y silencios internos.

La investigación que salió a la luz en febrero por la aparición de audios —en los que aparecen conversaciones entre el alcalde y la ex concejal denunciante, y entre ésta y dos cargos del PP de Madrid— encontró primero una respuesta interna del partido: el expediente se archivó. La denunciante, que llegó a darse de baja como militante, optó después por acudir a la vía penal cuando los audios se hicieron públicos y presentó la querella con lo que su abogado califica como un escrito "lleno de carga probatoria": grabaciones, documentos y testimonios.

Los delitos que la querella atribuye son claros en su enumeración: acoso sexual, acoso laboral, un delito contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos. Frente a esa relación de hechos y evidencias, la instructora Eloísa Márquez de Prado entiende que existen características que permiten presumir la posible existencia de delitos y, por ello, procede admitir la querella y dar traslado a los querellados.

La decisión judicial trae consigo las primeras diligencias: la citación de la denunciante para la toma de declaración y ofrecimiento de acciones, prevista para el 29 de junio, y el ordenamiento de un examen médico forense para valorar las posibles consecuencias lesivas derivadas de los hechos denunciados. Son pasos técnicos, pero determinantes: el caso abandona el rumor y entra en el cauce formal del derecho penal.

En el plano político, el episodio no ha sido neutro. La Fiscalía informó a favor de la admisión de la querella, y el caso ha servido ya como arma arrojadiza entre Gobierno central, oposición regional y formaciones políticas. Desde Bruselas, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso defendió al alcalde, calificando como un "abuso político desmedido" la campaña contra él y reclamando prudencia porque, dijo, el alcalde "aún no sabe ni de qué se le acusa". Pero la admisión a trámite cambia ese escenario: la investigación debe ser conocida oficialmente por los implicados y las actuaciones judiciales marcarán los tiempos.

No conviene olvidar que la admisión de la querella es un paso procesal inicial y recurrible; nada en este auto prejuzga culpabilidad ni inocencia definitiva. Sí impone, sin embargo, una obligación ineludible: dejar que la instrucción siga su curso, que las pruebas se valoren y que los derechos de todas las partes sean respetados. Si la política pretende marcar el debate, la Justicia ha reclamado su protagonismo y ha pedido que sean los tribunales, no la urgencia mediática ni las tácticas partidistas, los que clarifiquen los hechos.

La fase que ahora comienza se prevé larga y con recursos por delante. La sociedad y las instituciones deben vigilar que la investigación se desarrolle con transparencia y celeridad, y que quien ostente cargos públicos responda ante la ley cuando se le imputan conductas tan gravemente tipificadas. La admisión a trámite ya no permite atajos: la causa entra en manos del Derecho y en la órbita de la responsabilidad pública.