Política española

Las declaraciones en la Audiencia Nacional revelan cómo altos mandos y hombres del Ministerio del Interior buscaron bloquear investigaciones y amedrentar a los investigadores.

La instrucción de Juan Carlos Peinado procesa a Begoña Gómez por cuatro delitos; las defensas denuncian manipulación y las acusaciones no se ponen de acuerdo sobre quién debe sentarse en el banquillo.

Pedro Sánchez ha apostado por un activismo global que le devuelve iniciativa política. Es una jugada de alto riesgo y alto voltaje, con Andalucía como primer termómetro.

Que España no participe en Flintlock, la gran maniobra liderada por EEUU en Libia, es una nota grave: no es solo un desplante, es un coste en coordinación, influencia y seguridad en el Mediterráneo.

El Partido Popular registra una iniciativa en la Cámara Alta para obligar al Ejecutivo a constituir una comisión que incluya a las asociaciones militares acreditadas y evitar agravios comparativos en el reconocimiento de los militares como profesión de riesgo.

La marcha del concejal Pablo Alberto Ruiz Sánchez, tras denunciar indicios de corrupción investigados judicialmente, convierte el que fue bastión de Vox en un territorio en descomposición política.

El Gobierno ha convertido la compasión en decreto y el decreto en atajo. Regularizar en masa sin orden ni control es legitimar el caos y condenar a España a pagar las consecuencias.

El pacto de Extremadura no es un simple arreglo regional: obliga a leer en clave nacional. Al aceptar cuatro presupuestos y ceder en medidas ideológicas, Vox deja de ser lo imprevisible y emerge como socio con capacidad de estabilidad.

Un juez especializado ha encontrado indicios suficientes para investigar presuntos delitos de acoso sexual, laboral y revelación de secretos contra el alcalde de Móstoles y el Partido Popular. La causa, derivada de un escrito de casi cien páginas, avanza y cita a la denunciante.

En privado la coalición recuerda que las encuestas colocan a Podemos como "el pequeño" y que Irene Montero no es opción para encabezar la unión. La supervivencia del espacio morado, dicen, exige incorporación sin dictados.

Un pacto que no es tibio ni circunstancial: exige reformar la ley de extranjería, excluye a inmigrantes irregulares de prestaciones estructurales y condiciona ayudas y vivienda a la vinculación al territorio.

La jueza ha apreciado indicios y ordena diligencias esenciales: declaración de la denunciante y examen forense. Se inicia una fase judicial que será larga y polémica.