La trama de las mascarillas en el banquillo: ¿corrosión del poder o causa general?

El relato que ha ofrecido la Fiscalía Anticorrupción en el Tribunal Supremo tiene la claridad amarga de una acusación que busca señas de identidad: estructura, mando y lucro. Alejandro Luzón ha defendido —y ha pedido penas elevadas por ello— que José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama formaron "una verdadera organización criminal" cuyo objetivo era obtener un beneficio "al socaire del cargo que ostentaba Ábalos". En la exposición del fiscal se ha articulado una tesis severa: la corrupción política carcome el sistema democrático y exige una respuesta contundente.

Frente a esa tesis, las voces de la defensa han sido un coro de negaciones y reproches. Ábalos ha denunciado sentirse juzgado sin presunción de inocencia, víctima de una "presunción de culpabilidad" y de lo que ha calificado de "proceso inquisitorial" cuando, según su versión, la investigación parte ya de la hipótesis de culpabilidad y exige confesión como atajo. Koldo García, por su parte, ha trazado la misma línea: ofrecimiento a colaborar al precio de una confesión y amenazas sobre allegados suyos si no cedía. Ambos han subrayado que, al final, lo que se les reprocha son dos contratos temporales para mujeres vinculadas a Ábalos, y han reclamado absolución por insuficiencia probatoria.

El juicio celebrado —catorce sesiones y más de setenta testigos entre cargos públicos, funcionarios, empresarios, peritos y guardias civiles— ha dejado inalteradas las posiciones de acusación y defensa. La Fiscalía reclama 24 años para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García; para Aldama, el fiscal mantiene una petición de siete años, aunque la acusación popular plantea una atenuación que podría reducir las consecuencias penales para el comisionista.

Aldama ocupa un lugar singular en este drama procesal: su colaboración ha servido para avanzar en la investigación, según admitió el fiscal, aunque Luzón también afirmó que el empresario habría adornado su confesión con acusaciones sin respaldo probatorio. Es ahí donde se abre una grieta narrativa: ¿hasta qué punto la utilidad de una colaboración exime de la descalificación por las partes no probadas de esa declaración?

Los turnos de última palabra en el Supremo han resonado con ecos personales y políticos. Ábalos ha apelado a que se le juzga "más como persona que por hechos" y se ha presentado como objeto de una "causa general". Koldo García ha cargado contra el abogado del PP, acusándole de ofrecerle que la causa quedara "en nada" a cambio de "engañar a todos los españoles", extremo que el partido ha negado. En paralelo, García ha señalado que Aldama, con sociedades fuera de España, vive "a costa de todos nosotros", mientras que Aldama reivindica su colaboración y pide una mayor rebaja de pena.

El tribunal tiene ahora la tarea de traducir este pulso de versiones en una sentencia. No es sólo la tarea de valorar documentos y testimonios; es también la de calibrar si lo que ha probado el Ministerio Público alcanza la entidad de una organización criminal dirigida desde la cúspide ministerial, o si, por el contrario, lo narrado por las defensas —contratos temporales, colaboración comprometida y disputas de evidencias— obliga a una lectura más matizada.

La escena que deja este juicio es un espejo: por un lado, la Fiscalía reclama ejemplaridad y castigo riguroso ante la corrupción; por otro, los acusados denuncian una instrucción que, en su palabra, ha convertido la presunción de inocencia en un perfil moral del acusado. La decisión del Supremo será, en definitiva, la que marque si ese espejo devuelve la imagen de una organización criminal bien armada, o la de un proceso en el que la política y las sombras de la sospecha se han entrelazado hasta confundirse.