La independencia judicial, la herida más sensible señalada por la Eurocámara

Un informe del grupo de trabajo del Parlamento Europeo sobre el Estado de derecho ha colocado sobre la mesa una advertencia que no admite eufemismos: España vive tensiones institucionales recurrentes y una polarización política que condicionan el funcionamiento del Estado de derecho, aunque —dice el propio informe— el sistema sigue siendo "estructuralmente sólido" y se integra en un marco constitucional maduro.

La delegación que visitó Madrid los pasados 16 y 17 de febrero, y que presentó sus conclusiones en Bruselas, ha señalado con nitidez cuál es el nudo más delicado: la independencia judicial. El documento califica este aspecto como "el asunto más sensible y estructuralmente disputado" y sitúa la gobernanza del Consejo General del Poder Judicial como "el principal asunto de divergencia" entre los actores políticos españoles.

No es un juicio ligero. El informe recuerda que el diseño actual, por el que todos los miembros del Consejo son elegidos por el Parlamento, sigue generando debate institucional y "preocupaciones reputacionales" sobre el potencial de influencia política en la gobernanza judicial. Es un diagnóstico que interpela a la política doméstica: la arquitectura formal funciona, pero la percepción y el conflicto en torno a su gestión minan confianza y estabilidad.

Más allá del poder judicial, la misión apuntó a otros frentes que alimentan ese clima de tensión. En la lucha contra la corrupción se detectan dudas persistentes sobre los recursos y la autonomía de los órganos fiscales y judiciales, así como sobre el contexto político en el que se llevan a cabo las investigaciones. También se advierte sobre el uso y la frecuencia de los decretos-leyes, cuya práctica "corre riesgo de limitar la deliberación" y de debilitar mecanismos consultivos, incluido el papel de la judicatura.

La delegación tomó nota además de tensiones entre las Cámaras legislativas —Congreso y Senado— en relación con los procedimientos parlamentarios, y si bien no se registraron acusaciones de restricciones sistémicas a la libertad de prensa, sí constataron que la alta polarización política puede afectar el discurso público. En ese ámbito, el informe recoge preocupaciones sobre la gobernanza independiente de RTVE, el aumento de amenazas y acoso contra periodistas, dificultades de acceso a información oficial y "repetidas violaciones" de estándares editoriales en determinados programas.

Los autores y participantes del informe no son nombres anónimos: la misión incluyó a Javier Zarzalejos (PPE), Raquel García Hermida-van der Walle (ALDE), Alessandro Zan (S&D), Assita Kanko (ECR) y Jorge Buxadé (Vox). Tras la publicación, se registraron reacciones políticas en el hemiciclo europeo: el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar denunció una "instrumentalización política" del texto y criticó la falta de consenso en su confección; por su parte Jorge Buxadé expresó su desacuerdo con las conclusiones, sosteniendo que la situación del Estado de derecho en España es grave y atribuyendo a los socialistas una actitud oportunista. Javier Zarzalejos, por su parte, pidió que el disenso se refleje formalmente en el documento.

El balance del informe es, en síntesis, doble: constata la funcionalidad y la madurez constitucional de las instituciones españolas, pero advierte de desacuerdos persistentes en cuestiones clave —gobernanza judicial, práctica legislativa, independencia de los medios y clima institucional— que exigen atención. Esa advertencia no es una condena; es, más bien, una exigencia para quienes detentan la responsabilidad política: mirar de frente las tensiones, corregir procedimientos y restaurar confianza antes de que la percepción se convierta en desgaste estructural.