Cuando la ley se forja sobre un caso y la realidad desmiente la prédica

Cuando la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, proclamó desde la puerta del domicilio de Juana Rivas que "tenemos que pedir perdón a todos los niños a los que hemos fallado", colocó el dedo en la llaga de una sensibilidad nacional. Nadie discute la obligación de proteger a la infancia. Pero hay que decirlo claro: la política no puede erigir su reforma sobre una lectura parcial de hechos que la justicia ya ha evaluado.

En agosto, Rego declaró haber visto a "menores con miedo de su padre" y utilizó ese testimonio para arropar una reforma que obliga a escuchar siempre a los menores y que prohíbe invocar el síndrome de alienación parental. Fue un gesto de solemnidad pública; fue también la conversión de un episodio concreto en paradigma legislativo. Y ahí empieza el problema: la realidad procesal no cuadra con la narrativa única.

Los tribunales italianos y los profesionales que han seguido el caso llevan años escuchando a Daniel y a su hermano Gabriel. El propio cronista de los hechos recoge que, tras la visita de Rego, el menor volvió con su progenitor a Italia y vive desde entonces "feliz", según profesores y la trabajadora social que le asiste. El relato que despertó conmoción —gritos forzados ante los medios en julio y denuncias de peligro inminente— contrasta con posteriores informes y sentencias civiles de 2019, 2023 y 2025 que han moderado, cuando no rechazado, la tesis persecutoria.

El artículo de EL MUNDO documenta además que Daniel llegó a confesar hartazgo por las "manipulaciones" de su madre y su entorno, y que incluso señaló a personas concretas que habrían participado en esas inducciones. Que Gabriel, tras años de procedimientos, reconociera cartas y denuncias de difícil verosimilitud ante los tribunales, que los peritos italianos calificaron de "increíbles", añade una capa más de complejidad a un drama que la política simplifica.

No se trata de minimizar el sufrimiento infantil; se trata de evitar el exceso inverso: legislar con el clamor mediático como brújula y no con la ponderación que exige la materia. El derecho de familia se asienta en conceptos como "conflicto de lealtades" y en valoraciones forenses que no se improvisan en una comparecencia de prensa. La reforma propuesta, que eleva la obligación de escuchar a los menores y restringe la custodia compartida ante indicios de daño emocional, puede tener sentido técnico. Pero no es admisible que se presente como corrección de una negligencia probada cuando los juzgados —italianos y españoles— ya han tomado decisiones, dictado sentencias y ordenado tratamientos.

La política tiene la legitimidad para reformar, mas también el deber de respetar la verdad probada. Cuando una ministra hace del caso Rivas el símbolo de una ley, arriesga confundir protección con instrumentalización. La infancia exige medidas serias, fundadas en pericia y prudencia, no el aplauso fácil que cosechan las declaraciones dramáticas en la puerta de una casa.

Que la ley avance: sí. Que se blinde la escucha y la protección eficaz de los menores: sí. Pero que la reforma repose sobre la soberanía de los hechos y de las decisiones judiciales, y no sobre la liturgia política del caso aislado. Porque en asuntos de niños, la solemnidad retórica es pobre sustituto de la diligencia forense y del respeto a la verdad constatada por los tribunales.