La tensión telefónica que puso a Canarias en el ojo de la tormenta sanitaria

Hay decisiones que no caben en la urgencia sin la necesaria transparencia. El traslado del crucero MV Hondius a Granadilla de Abona, solicitado por la Organización Mundial de la Salud, se convirtió en 48 horas de choque entre el Gobierno de la nación y el Ejecutivo canario porque, según fuentes del caso, la Comunidad Autónoma tuvo que enterarse de una medida que le afectaba de forma directa sin la información suficiente.

El relato de estos días no admite ornamentos: Pedro Sánchez aceptó el desplazamiento pese a la negativa explícita del presidente canario, Fernando Clavijo. Clavijo no sólo mostró desacuerdo; solicitó formar parte de la reunión de coordinación desde Bruselas y exigió documentación y datos clínicos que permitieran valorar la capacidad de respuesta de Canarias. Fue recibido, por las fuentes consultadas, con explicaciones tardías y un pantallazo de petición formal ya entrada la noche.

Las llamadas entre la ministra de Sanidad, Mónica García, y Clavijo son la crónica de una tensión anunciada. "¿Qué es eso de que viene para acá?", preguntó el presidente insular en uno de los episodios más ásperos. La ministra respondió que informaría y que la OMS había argumentado la falta de capacidad en Cabo Verde para atender la emergencia. Pero la sensación en Canarias fue de improvisación: la llegada del barco se vinculó, sin matices percibidos por el Ejecutivo regional, a la existencia de riesgo y de contagios, cuando la ministra negó haber afirmado que los pasajeros estuvieran contagiados.

No es menor la preocupación técnica que trasladó Clavijo: Canarias dispone de recursos sanitarios limitados para casos de alta complejidad, y reclamó, por escrito, ampliar la información del paciente y datos clínicos que permitan garantizar la seguridad del territorio y del personal sanitario. Esa petición, enviada en la madrugada tras la comunicación formal, subraya que la Comunidad buscó criterios médicos y operativos antes que titulares.

En el otro extremo, el Gobierno central y sus ministros sostienen que han mantenido contacto permanente y que han facilitado información, y reprochan que algunas manifestaciones públicas del presidente canario hayan contribuido a un alarmismo que, a su juicio, no se ajusta a los hechos. "Pedimos colaboración institucional", dicen desde La Moncloa: toda crisis sanitaria se gestiona mejor con coordinación, no con desconfianza pública.

Lo cierto, y ahí se asienta la crítica que debe formularse con rigor, es que una decisión de tal calibre —aceptada por el presidente del Gobierno tras la petición de la OMS— exigía una comunicación clara, oportuna y exhaustiva con la autoridad regional afectada. Las llamadas tensas, los intercambios por escrito a altas horas y la sensación de que el Ejecutivo canario fue enterado cuando la decisión ya estaba tomada ilustran una falla en ese engranaje institucional.

España no merece que la gestión de emergencias se convierta en un campo de desavenencias. Cuando la salud pública está en juego, la autoridad central debe actuar con responsabilidad y la región afectada con información completa y participación efectiva. No es una cuestión de responsabilidades políticas inmediatas, sino de eficacia y de respeto al principio elemental de colaboración: informar para actuar, y actuar para proteger.