Sin ruido ni excusas: reclamar dignidad para los españoles presos en Black Beach

Quince meses son demasiados meses para que una madre escuche a su hijo solo dos minutos en Navidad. Quince meses son demasiados meses para que dos españoles —Javier Marañón y David Rodríguez— vegeten en Black Beach, una prisión que la crónica internacional ya describe como una de las peores del mundo.

No se trata de metáforas: se trata de hechos. Fueron detenidos en enero de 2025 en Guinea Ecuatorial en el contexto de una investigación sobre presuntas deficiencias en la instalación de la TDT de la empresa para la que trabajaban. No eran gestores ni responsables de la empresa; eran trabajadores. El gestor en Guinea Ecuatorial, según las familias, huyó al conocer la investigación. A pesar de ello, les retiraron el pasaporte y acabaron presos junto a otros diez trabajadores guineanos del mismo proyecto.

Frente a esa realidad, los instrumentos del Estado han funcionado —según fuentes del Ministerio— hasta donde han podido: el ministro Albares se ha reunido con su homólogo guineano en julio y septiembre de 2025 y habló por teléfono en febrero; el secretario de Estado hizo gestiones en dos ocasiones; la Embajada española ha realizado 23 visitas y ha enviado 40 notas verbales; la directora general de Asuntos Consulares ha mantenido contacto con las familias. Son datos que valen y que el Gobierno ha expuesto a los allegados de los detenidos.

Pero los hechos más dolorosos persisten. Las visitas consulares que autorizan las autoridades ecuatoguineanas se limitan a una cada dos meses, bajo la presencia del director de la cárcel, sin posibilidad de ver a la familia ni al abogado. No hay juicio fijado aún. Ambos han enfermado en prisión; han sufrido huelgas de hambre; han llegado a compartir un mismo colchón y, según sus familiares, compartir celda con unas 20 personas. La salud de ambos se ha deteriorado y las familias han tenido que suministrarles medicamentos y bienes de primera necesidad.

Las familias han agotado vías formales y apelaciones públicas: cartas al Palacio de la Zarzuela y a la Nunciatura, una huelga de hambre de la madre de Javier, gestos desesperados de cercanía política —buscar a una exministra en una feria o rogar una entrevista en mítines— para únicamente lograr, por fin, una reunión con el ministro. En ese encuentro Albares prometió implicarse personalmente para garantizar acceso a atención médica y visitas de familiares y abogado. Promesa bienvenida, pero que exige seguimiento y resultados.

Hay aquí una doble obligación: diplomática y humana. Diplomática, porque se trata de ciudadanos españoles detenidos en el extranjero y porque la embajada y el Ministerio ya están plenamente implicados en gestiones constantes. Humana, porque lo que relatan las familias —aislamiento, compartir cama, enfermedades, restricciones al acceso a la defensa— son condiciones que no pueden normalizarse ni relativizarse.

No es momento para retóricas ni para gestos simbólicos vacíos. Es momento de exigir transparencia sobre las gestiones, de convertir las promesas en frecuencia real de visitas, en acceso médico efectivo y en garantías procesales. Y es momento de que la comunidad internacional, que ya abordó el asunto en el Parlamento Europeo el pasado octubre, mantenga la presión donde proceda.

Los familiares han mostrado la paciencia del dolor y la firmeza de quien no se rinde: cartas, movilización pública y sacrificios personales. El Estado —sus instituciones diplomáticas y su ministro— ha respondido con gestos y registros de actividad. Ahora toca que la palabra se traduzca en acto y que ningún español permanezca indefenso lejos de su país, sin juicio ni atención, en condiciones que atentan contra la dignidad humana.

Si la política quiere ser palabra creíble, que lo pruebe con hechos. Si el patriotismo es algo más que eslóganes, que se ejerza protegiendo a quienes llevan nuestro pasaporte cuando más lo necesitan.