Política española

Un organismo sin ánimo de lucro gestiona los encuentros entre presos de ETA y víctimas tras recibir 235.000 euros; el precedente de Nanclares aparece como contraste incómodo.

El caserío Arretxe, incendiado en 1999 mientras Pilar Zubiarrain y su familia dormían, fue referente de la lucha contra la coacción abertzale. Hoy, el Gobierno vasco lo convierte en herramienta para acelerar excarcelaciones mediante encuentros 'restaurativos'.

Beijing blande la ley de unidad étnica como herramienta de modernización; críticos ven en ella un ariete legal contra la diversidad cultural y lingüística.

Pedro Sánchez replica la táctica de Mark Carney: convertir la pelea con Trump en un paraguas patriótico que aglutina votantes y difumina críticas internas.

En Castilla y León la campaña se desmarca del ruido nacional: 1.031 medidas, ayudas prosaicas y el emblemático 'plato de ducha' como estandarte de la tranquilidad.

La sangre del periodo no es tabú clínico sino una 'biopsia natural' que puede acortar años de sufrimiento. Ignorarla es condenar a la mitad de la población a diagnósticos tardíos.

El procedimiento contra Íñigo Errejón no ha iniciado trámite judicial tras no comparecer la denunciante para ratificar su escrito. El sobreseimiento es provisional: la causa puede reabrirse si la mujer decide ratificar.

En la penumbra de las conversaciones, se ha forjado un acuerdo concreto: blindar la administración y garantizar servicios sin estridencias políticas.

Soria ¡Ya! nació en la carretera y en la protesta; en 2022 triunfó al llevar sus reivindicaciones a las Cortes. Hoy la polarización y Vox amenazan su impulso territorial.

Ante indicios de irregularidades en decisiones ambientales, el Ejecutivo de Azcón reclama acceso a la investigación de la UCO y mantiene en pie los grandes proyectos vinculados a Forestalia.

El PSOE cierra la campaña con Sánchez, Zapatero y Puente en Valladolid reclamando voto útil; la contienda se decide por cientos de votos y la guerra internacional entra en la arena electoral.

El uso indebido del bono cultural y el dato del barómetro dibujan un problema mayor: cuando el Estado reparte sin control, socava la confianza que exige para recaudar.