El Supremo convoca a la clase política: Armengol y Torres testificarán en el juicio de Ábalos

El Tribunal Supremo ha trazado un calendario que no admite ambigüedades: el juicio por la presunta trama en torno a la compra de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes se abrirá el 7 de abril y se prolongará hasta el 30, con 13 sesiones convocadas y más de 75 testigos y 20 peritos citados.

Entre esos testimonios figuran nombres que ocupan y han ocupado responsabilidad pública. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, declararán como testigos la tarde del 22 de abril. La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, está prevista para el 15 de abril. Los tres encarnan, por su puesto y por su pasado institucional, una comparecencia de enorme repercusión política y mediática; han sido citados por la compra de mascarillas a la empresa de Víctor de Aldama, Soluciones de Gestión.

El juicio sentará en el banquillo al exministro de Transportes, José Luis Ábalos; a su antiguo asesor, Koldo García; y al comisionista Víctor de Aldama. Para los dos primeros, el paso previo desde la prisión provisional hasta la sala del Alto Tribunal será diario: ingresados desde el 27 de noviembre, serán trasladados desde Soto del Real salvo que prosperen las peticiones de libertad planteadas por sus defensas, solicitudes que fuentes jurídicas consultadas por el medio consideran poco probables.

Las defensas han esgrimido ante el Supremo argumentos centrados en la preparación del proceso. El abogado de Ábalos alega que el encarcelamiento dificulta la preparación de un juicio "de especial intensidad y exigencia técnica", por las limitaciones en la comunicación entre letrado y acusado que impone el régimen penitenciario. La abogada de Koldo García advierte del "efecto físico y cognitivo" de los continuos traslados desde la cárcel al tribunal, que, según su escrito, podría dejar al acusado agotado y menos capacitado para asistir eficazmente en la práctica de la prueba.

El propio calendario del Tribunal confirma la dimensión y la complejidad del proceso: sesiones casi diarias, mañana y tarde, con un elenco amplio de comparecientes. La vista comenzará, a las 10.00 del 7 de abril, con la declaración como testigo de Víctor Ábalos, hijo del exministro, y entre los citados durante las primeras jornadas figuran, entre otros, Joseba García, Jéssica Rodríguez y Luis Alberto Escolano. La jornada del 22 de abril también acogerá por la mañana a figuras vinculadas al PSOE y a la gestión de gastos del partido, y la comparecencia de Carlos Moreno, director de gabinete de la ministra de Hacienda, sobre una entrega de 25.000 euros que Aldama afirma haber realizado y que el citado Moreno niega.

En lo sustantivo, los tres acusados se enfrentan a un elenco de delitos graves: cohecho, tráfico de influencias, malversación, integración en organización criminal, uso y aprovechamiento de información privilegiada, falsedad y prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción reclama para Ábalos una pena de 24 años de cárcel y 19 años y medio para Koldo García; la acusación popular, liderada por el PP, eleva la petición a 30 años para ambos. Para Aldama, la petición se reduce a siete años ante la consideración de su colaboración con la justicia.

Es un juicio que combina lo institucional con lo penal, lo político con lo judicial. El calendario del Supremo materializa una decisión: someter a escrutinio público y jurídico actuaciones que se produjeron en un momento crítico para el país. La presencia de responsables autonómicos y nacionales como testigos, y la persistencia de la prisión provisional para dos de los encausados, convierten estas audiencias en un termómetro del estado de la política y de la administración en tiempos de pandemia. Empieza la vista, y con ella la obligación de que los hechos se expliquen y se prueben en la sala del Tribunal Supremo.