No nos van a silenciar: la amenaza directa contra Irene Montero y la deriva de la violencia política

La noticia es de una gravedad manifiesta y de lectura incómoda: una eurodiputada, exministra de Igualdad, ha recibido una amenaza explícita de muerte que apunta a su domicilio. Irene Montero fue informada por la policía de correos electrónicos remitidos por quien se identifica como integrante del grupo 764, organización originada en Texas y señalada —según la propia comunicación policial y las referencias en la información— por la influencia de doctrinas satánicas y por su consideración como organización terrorista por el Departamento de Justicia y el FBI de Estados Unidos.

No son anécdotas ni bravatas de tuit; la propia Policía lo ha calificado como amenaza terrorista y ha trasladado el asunto a Interior, que según fuentes de la afectada está “encima” y en contacto permanente hasta considerar la amenaza resuelta. El autor de los correos asegura pertenecer a ese grupo y expresa de manera directa que pretende asesinarla "en su casa": una formulación que convierte el espacio privado —el hogar donde viven sus hijos y su pareja— en objetivo y en riesgo.

Montero no oculta ni la rabia ni el miedo: rabia por la escalada de violencia política que denuncia —desde el acoso cotidiano en redes hasta, según añade, la contratación pública de perfiles que fomentan el hostigamiento—, miedo por la seguridad de los suyos. Y explica con claridad una distinción que la democracia exige preservar: la crítica política legítima no puede confundirse con la estrategia de expulsión de mujeres o de activistas del espacio público mediante la intimidación.

Hay que escuchar lo que dice la protagonista porque sus palabras relatan un patrón que no es solo suyo. Señala que a diario recibe insultos y amenazas por redes; que eso ha sido normalizado por algunos discursos públicos; y que cuando esa atmósfera se carga de odio, aparece el paso siguiente: el del agresor que deja de esconderse tras un nickname y anuncia la violencia física. No hay que minimizarlo: la transición de la injuria virtual al plan tangible es el salto que convierte la democracia en un calco de inseguridad.

También cabe leer la fecha y el contexto con atención: la comunicación pública se produce tras el 8-M, una jornada en la que miles de mujeres salieron a la calle. Montero interpreta que esa visibilidad es precisamente lo que algunos sectores intentan cercenar con intimidación. Es una lectura política basada en hechos presentes: amenazas detectadas, organización señalada por las autoridades estadounidenses y un Estado que, por ahora, actúa en clave policial y de seguimiento.

La pregunta que queda en pie, difícil y necesaria, no se resuelve con consignas: ¿están las instituciones y la sociedad preparadas para impedir que el espacio público —y el privado de quienes lo habitan— sea invadido por la violencia política? La respuesta exige medidas concretas, investigación efectiva y, sobre todo, una firme defensa del derecho a la participación política de las mujeres sin que la coacción se convierta en método de limpieza democrática.

Que nadie interprete la prudencia como tibieza ni la denuncia como teatralidad: cuando una representante pública informa de una amenaza de muerte con indicios de pertenencia a una organización terrorista, la réplica debe ser institucional, judicial y social. Y cuando la propia amenazada advierte que no piensa abandonar el espacio público, la democracia tiene la obligación de reforzar su escudo, no de vacilar.