Sumar exige un escudo social inmediato ante la guerra en Irán

La co-coordinadora de Sumar, Lara Hernández, ha puesto sobre la mesa una demanda sin rodeos: el Gobierno de Sánchez debe aprobar con carácter inmediato y urgente un paquete de medidas para mitigar las consecuencias económicas de lo que han calificado como una guerra "ilegal e imperialista" en Irán.

No es retórica: Sumar detalla acciones concretas. Exige bonificar ya el coste del combustible para sectores profesionales —transportistas, taxistas, agricultores y pescadores— y establecer compensaciones para particulares si el litro de combustible supera los dos euros. Pide asimismo la prórroga de los contratos de alquiler y la limitación del precio de los alimentos básicos, medidas destinadas a proteger a quienes ven cómo sus bolsillos se resienten.

La propuesta incluye también intervenciones en el mercado eléctrico: recuperar la excepción ibérica y fijar un tope máximo de 30 euros. En paralelo, Sumar reclama recuperar el impuesto a las empresas energéticas que, según su relato, permitía recaudar más de 1.300 millones de euros al año y estaba destinado a abaratar el transporte público.

El paquete se completa con medidas sociales y de transición: aumentar el bono social de la luz, mantener congelada la tarifa de último recurso del gas, recuperar bonificaciones para empresas electrointensivas y gasintensivas, y promover una inversión masiva de recursos públicos en energías renovables y electrificación para disminuir la dependencia de la economía fósil.

Todo ello, según Hernández, debe impulsarse mediante un decreto ley anticrisis que actúe con rapidez para «proteger a la gente» y avanzar hacia mayor independencia energética. Son propuestas que mezclan alivio inmediato y hoja de ruta para la transición: respuestas paliativas frente a la subida de precios y apuestas públicas por la energía limpia.

Corresponde ahora al Gobierno valorar si atiende esta exigencia de carácter urgente y si decide emplear la vía del decreto ley para aplicarla con la rapidez que reclama Sumar ante el impacto económico que, en su diagnóstico, ya notan los ciudadanos y ciudadanas.