Ábalos denuncia al Supremo: se le niega la prueba que pide y la verdad sigue encerrada

El pulso entre la defensa de José Luis Ábalos y el Tribunal Supremo no es un rifirrafe procesal menor: es la disputa sobre qué pruebas se admiten y quién puede contar lo que sabe en el estrado. La defensa sostiene que la negativa a que testifique el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, impide la práctica de una "prueba esencial" para esclarecer "el proceso de adquisición de mascarillas por parte del Ministerio del Interior". Esa petición, consignada por su letrado Marino Turiel, busca desentrañar una adjudicación que las acusaciones identifican como ejemplo de la presunta "capacidad de influencia atribuida" al exministro de Transportes.

El Supremo, por su parte, ha rechazado también un informe pericial que Ábalos pretendía aportar sobre el sistema de pagos en metálico en el PSOE entre 2017 y 2024. La Sala aduce que la cuestión está siendo investigada bajo secreto por la Audiencia Nacional, razón por la que cerró la puerta a esa prueba. La defensa replica que ese dictamen serviría para explicar "el funcionamiento real" de esos métodos de pago durante el periodo investigado y que su denegación genera "indefensión material" y lesiona el derecho a valerse de los medios de prueba pertinentes.

No son meras observaciones procesales: la estrategia de Ábalos exige el acceso a los archivos digitales incautados a Koldo García, esos pendrives que la defensa considera un "elemento fundamental de las imputaciones" y cuya verificación —integridad, autenticidad y contexto— reclama para elaborar su propia pericial antes del juicio. La petición es clara: examen directo de material que, según su letrado, resulta "necesario" para la defensa.

Asimismo, la defensa insiste en la necesidad de que la Fiscalía concrete por escrito el supuesto acuerdo de conformidad con Víctor de Aldama, y exige que Aldama aporte la documentación de pagos al empresario Luis Alberto Escolano por el alquiler de un piso en Plaza de España, prueba que considera "directamente relacionada con los hechos objeto de acusación".

Entre las pruebas denegadas figura también la diligencia para que el Ministerio de Transportes certifique el número de "folios" entregados a la secretaría del entonces ministro entre 2018 y 2021, pieza que Ábalos pretende usar para sostener que la expresión interpretada por la UCO como petición de dinero aludía, en realidad, a papel.

La defensa reclama además al Supremo que solicite al Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional los 6.138 mensajes incorporados a un atestado del "caso Gaslow" entre el capitán Vicente Bonilla y un confidente, comunicaciones que, según Ábalos, podrían ser "determinantes para su correcta valoración probatoria".

En lo personal, Ábalos pide su puesta en libertad para poder defenderse con menos trabas: sostiene que no existe riesgo de fuga, al estar el juicio a pocas semanas, y pone en valor su arraigo personal y familiar en España, donde residen sus cinco hijos, dos de ellos menores. Su letrado denuncia el "notable desgaste físico y cognitivo" que suponen los traslados diarios desde Soto del Real y solicita que pueda asistir al juicio en libertad para afrontar sin restricciones su interrogatorio.

No pueden obviarse las dimensiones penales que afronta el acusado: la Fiscalía pide para él una pena de 24 años de prisión, mientras que la acusación popular eleva la petición hasta 30 años por delitos como pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, entre otros. En ese marco, la discusión sobre admisión o denegación de pruebas no es un tecnicismo; es el mapa que determinará hasta qué punto la verdad procesal quedará o no al alcance de la defensa.

Queda, por tanto, una cuestión de principio y de método: ¿qué pruebas son "esenciales" en una causa compleja y cómo se garantiza el derecho de defensa cuando se cruzan secretos de sumario y límites a la practicabilidad de diligencias? El Supremo tendrá la última palabra; mientras tanto, la defensa asegura que se le niega la posibilidad de examinar lo que considera fundamental para su exculpación y pide que, al menos, se permita la confrontación plena de evidencias antes del veredicto.