Urgencia patriótica: Sumar exige al PSOE un escudo social real, no cosmético

Sumar ha puesto el dedo en la llaga con la voz firme de quien reclama protección inmediata para la ciudadanía. Lara Hernández ha dicho sin ambages que los efectos del conflicto en Oriente Próximo "se están notando ya" en los bolsillos. No es retórica: la demanda es clara y alineada con lo que piden quienes ven cómo sube la factura vital.

La propuesta es ambiciosa y nítida en su letra: recuperar el impuesto extraordinario a las energéticas que permitía recaudar más de 1.300 millones de euros al año para abaratar el transporte público; establecer ayudas a transportistas profesionales; reinstaurar la excepción ibérica para intervenir el mercado eléctrico con un tope de 30 euros por megavatio hora; y limitar precios de la energía y de alimentos básicos. También ampliar el bono social eléctrico y reforzar bonificaciones para quienes más dependen del gasóleo: transportistas, agricultores, pescadores y taxistas.

Sumar apuesta por medidas de calado, no por cosmética legislativa. Hernández reclamó incluso descontar 20 céntimos por litro de combustible cuando el precio supere los dos euros —mecanismo aplicado durante la guerra de Ucrania— y prorrogar contratos de alquiler que vayan a vencer para evitar desahucios. Son respuestas enfocadas a amortiguar un shock económico que, según la coordinadora, exige respuesta gubernamental inmediata.

El Gobierno ofrece matices. Desde Bruselas, Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, confía en que España aprobará el escudo social y subraya que "están trabajando en ello". En Madrid, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, evita enzarzarse con el socio y rechaza que el asunto se convierta en una competición con el PP; en todo caso, anuncia que el Ejecutivo adoptará las medidas que considere importantes para bajar la cesta de la compra o los costes empresariales "llegado el momento".

Mientras tanto, Sumar advierte que el Consejo de Ministros no dará luz verde a las propuestas este martes, porque las formaciones siguen en fase de diálogo y el PSOE, según fuentes de Sumar, "no tiene prisa" aunque muestran voluntad de llevarlo adelante. Esa prudencia política contrasta con la urgencia social expresada por la coordinadora.

No espera Podemos: Pablo Fernández ha anunciado la presentación en el Congreso de una proposición de ley propia. Sus medidas incluyen un cheque energético de 300 euros para familias con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional, la recuperación del mecanismo de excepción ibérica para topar el precio del gas y limitar el aumento de las tarifas de luz y gas a un máximo del 5%, además de prohibir el corte de suministros y mejorar el bono social eléctrico. Es la vía parlamentaria de quien no quiere depender del ritmo que marque la negociación interna del Ejecutivo.

Hay, pues, dos pulsos: el de la urgencia social planteada por Sumar y Podemos, con propuestas concretas y medidas de choque; y el del Gobierno mayoritario que proclama voluntad pero gestiona tiempos. La ciudadanía espera respuestas tangibles; la política no puede permitirse la complacencia frente a la presión de precios y la inquietud social. Que lo urgente no quede en la sala de espera de las negociaciones: esa es la exigencia que hoy resuena con eco en el Parlamento.