Las consignas no llenan la mesa: el PP planta cara con propuestas reales
Feijóo y Ester Muñoz exigen soluciones económicas frente a la retórica gubernamental

Redacción · Más España


El PP ha puesto en el Congreso un paquete de medidas que pretende dejar algo más que palabras en la política económica: propone reformas concretas para proteger a las familias frente a la inestabilidad internacional y la escalada de los precios energéticos.
Alberto Núñez Feijóo ha dibujado sin ambages el diagnóstico: el Ejecutivo “vive instalado en el eslogan” mientras los españoles sufren pérdida de poder adquisitivo. ¿Qué ofrece el Partido Popular? No consignas, sino propuestas: revalorizar el salario vía IRPF, doblar los mínimos por hijo a cargo y actualizar los tramos del impuesto, medidas que, según los populares, supondrían un alivio medio de 200 euros por contribuyente.
No es todo. El PP plantea reducir el IVA de la energía al 10% para todos los consumidores y suprimir el impuesto de generación eléctrica, pasos que, en su análisis, son imprescindibles para abaratar la factura de la luz y mejorar la competitividad empresarial en un momento de presión sobre gas, petróleo y electricidad.
Ester Muñoz acompaña esa ofensiva con una réplica directa al discurso gubernamental sobre la crisis internacional: “El no a la guerra no soluciona nada. Tomar medidas sí”. El mensaje es claro y sencillo: el primero deber del poder es defender el bolsillo de los ciudadanos, no quedar bien con consignas retóricas.
La iniciativa del PP llega en un escenario político en que el Gobierno insiste en sus propios alivios, pero la oposición reclama más ambición fiscal. Feijóo y su partido dicen estar dispuestos a llevar esas propuestas al debate y al voto en el Congreso, convencidos de que proteger a España pasa por proteger a los españoles.
Hay, en el fondo, una cuestión de prioridades y de lenguaje. Cuando los precios suben y las familias aprietan, la retórica pierde crédito y la ciudadanía exige medidas tangibles. El PP ha lanzado su respuesta: que sea el Parlamento quien la juzgue en términos de eficacia y urgencia.
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