Política española

Lo que se presenta como novedad política no es más que una reclamación reciclada de la ultraderecha europea. El principio de “prioridad nacional”, nacido en Francia, ha sido asumido por Vox y ahora reproducido por el PP en una enmienda parlamentaria.

La iniciativa municipal del PSC para vetar el burka incendia a Sumar. Bustinduy y García reclaman explicaciones y advierten contra la instrumentalización xenófoba del debate público.

El ministro Bustinduy remite una carta directa a Feijóo defendiendo la prórroga que afecta a más de 2,5 millones de hogares; el Gobierno sale debilitado y la negociación política se enquista.

Sánchez responde a Feijóo y Nogueras con ironía y términos que vuelven a abrir viejas heridas. El choque es sobre el pacto de Extremadura, la economía, la corrupción y la propia idea de España.

En el pleno, Miguel Tellado acusó a Armengol de mentir sobre el caso Koldo; la presidenta le llamó "cobarde" por dirigir sus palabras a quien, por su cargo, no podía defenderse.

Vox presenta la 'prioridad nacional' como principio rector del nuevo gobierno autonómico: proteger a quienes tienen vínculo con la tierra y negar privilegios a quienes, según su discurso, vienen a vivir del resto.

Junts acusa al Ejecutivo de aprobar medidas por la puerta de atrás y exige elecciones; el enfrentamiento se enmarca en la bronca entre Sánchez y Feijóo y en el pacto con Vox en Extremadura.

La primera cumbre para la Movilización Global Progresista ha convocado a miles, reunido a líderes y puesto en evidencia que, según la organización, hay valores comunes que trascienden etiquetas.

Un insulto lanzado en un debate se ha traducido en una alianza para cerrar el grifo a los más frágiles. El resultado: colas, ventanillas y una administración que humilla.

Sanae Takaichi ha puesto fin a décadas de restricción en la venta de armas y endurecido la postura frente a China, alimentando dudas y tensiones en Asia oriental.

Los macacos de Gibraltar recurren a la geofagia para mitigar los daños de la comida basura que reciben de los visitantes, según un estudio de la Universidad de Cambridge.

El acuerdo firmado en Extremadura instala una distinción peligrosa entre ciudadanos y devuelve a la política española a trincheras identitarias. El PP debe decidir si quiere músculo propio o muletas ajenas.