El pacto que desdibuja la igualdad

Hay palabras que destilan destino político: prioridad nacional. En la crónica reciente de la política española, esa prioridad ha dejado de ser mera etiqueta para convertirse en norma pactada. El acuerdo de Gobierno en Extremadura, que ahora ocupa las portadas y los debates, establece una jerarquía inquietante: no todos los españoles —ni todos los residentes— gozan de la misma libertad y plenitud de derechos.

No es una invención retórica sino la constatación de un mapa ideológico. Vox, según su propio ideario expuesto en la noticia, niega al extranjero la posibilidad de adquirir todos los derechos y libertades. Su rechazo al “africano”, ya sea negro o magrebí, es descrito explícitamente como étnico, ligado a la piel —una condición que, por definición, el afectado no puede cambiar. Ahí no hay sutilezas: nacionalismo, xenofobia y racismo convergen hasta fundirse en un rechazo esencialista.

Los nacionalismos periféricos aparecen en el mismo relato con otras formas de priorización. Bildu, PNV, Junts y ERC ligan derechos políticos a requisitos nacionalistas; todos dictan prioridades de origen frente a los que no lo son. El PNV es señalado por conjugar políticas de asimilación con discriminaciones de baja intensidad en ámbitos sociales críticos. Junts y ERC, por su parte, vulneraron —a través del referéndum ilegal de independencia— los derechos políticos de la mitad de los ciudadanos de su comunidad y del conjunto de los españoles, hasta que el Estado de Derecho impuso la negociación como vía obligada.

Y en medio de este abanico de prioridades, aparece el PSOE. La columna apunta que el partido socialista parte con ventaja en las negociaciones porque parte de su electorado ha interiorizado una “xenofobia light” como mal menor. No es una calumnia: es la descripción del paisaje político donde ciertos requisitos se aceptan como sentido común.

El ejemplo concreto que resuena es el del PSC. Salvador Illa defendió recientemente que el acceso a los derechos plenos de ciudadanía de un inmigrante debe condicionarse a que aprenda catalán. Definió esa exigencia como “integración” y, según la crónica, la consideró de “sentido común”. La pregunta, sin embargo, flota en el aire como una réplica necesaria: ¿es la lengua un umbral legítimo o una barrera de entrada que separa a quienes ya son de quienes aspiran a serlo?

“Sentido común” es una etiqueta poderosa y movilizadora; Vox la utiliza para legitimar lo que argumenta sentir la gente en las plazas frente a supuestos laboratorios ideológicos. Pero lo común, lo más extendido, no siempre es lo justo. El pacto de Extremadura y los acuerdos en Aragón, en palabras del texto, dicen alto y claro que no todos los españoles son libres e iguales. Y Vox, añade la pieza, sostiene que nunca lo serán.

Queda una cuestión abierta y urgente: cómo van a encajar estas prioridades nacionalistas y estas discriminaciones, en grados variados, dentro de los pactos con los grandes partidos de mayor alcance transversal. Ese baile político —esa jota que menciona la crónica— debe medir no solo los equilibrios de poder sino el precio que pagará la igualdad de todos ante la ley.

El reto es sencillo en su formulación y complejo en su resolución: preservar la igualdad como principio constitucional frente a quienes quieren condicionarla por origen, lengua o color. No se trata de nostalgia por un pasado idealizado, sino de defensa de una convivencia en la que la dignidad del individuo no quede sujeta a requisitos que unos u otros consideren “sentido común”.