La prioridad nacional: ventana táctica o conquista electoral del PP

Génova ha dicho lo que debía decir: “No hemos hecho ningún giro nuevo”. Con esa frase, el principal partido de la oposición pretende poner cerrojo al debate y encuadrar la polémica sobre la denominada "prioridad nacional" como una cuestión de forma más que de fondo. La dirección popular insiste, con calma de bunker y nervio de estratega, en que lo rubricado en Extremadura y Aragón es "totalmente legal y constitucional".

Que la expresión choque no es desconocimiento para ellos: reconocen haberse "tragado" dos palabras incómodas. Pero advierten también que el término no se traducirá en la prometida discriminación por pasaporte que proclama Vox. En Génova insisten en que lo plasmado en los acuerdos queda circunscrito a criterios de "vinculación" con el territorio —años de empadronamiento y demostración de arraigo— y a incentivos sociales e inmobiliarios, sin filtrar por nacionalidad.

Esa confianza tiene un ajedrez detrás. Fuentes del aparato conservador sostienen que, en el medio plazo, el electorado comprobará que las querencias discriminatorias no se materializan y que, por tanto, quien acabará capitalizando los acuerdos será el PP. El plan que atribuyen a Feijóo asume que "quien capitalizará más los pactos será el PP" y que gobernar desgasta: "A ellos gobernar les desgasta", argumentan.

El vicesecretario Elías Bendodo ha reforzado el mensaje desde la tribuna mediática: el PP no apoyará ninguna medida ilegal o inconstitucional y la literalidad de los acuerdos, según su lectura, cumple las normas. Bendodo ha cargado también contra Vox por "embarrar" el debate y por incoherencias en votaciones, presentándose el PP como el partido de la coherencia en la confluencia.

En Génova explican su apuesta apelando al sentir electoral: señalan encuestas internas que, afirman, muestran apoyo a mayor dureza en inmigración incluso entre votantes de PSOE, y enmarcan su posición en una supuesta tendencia europea al endurecimiento migratorio. Citando ejemplos de gobiernos socialdemócratas en Europa, sostienen que no se han endurecido por influencia de Vox sino por convicción propia.

Fuentes oficiales del equipo de Feijóo recitan la letanía de la firmeza: recuerdan que para obtener investiduras no han realizado concesiones como indultos a delincuentes ni amnistías a fugados, ni han cedido en cuestiones sensibles de financiación o seguridad jurídica. Y, sobre la prioridad nacional, señalan que el concepto de arraigo ya existe como criterio de baremación en varias comunidades autónomas —mencionan País Vasco, Cataluña y Castilla-La Mancha— e incluso en ámbitos nacionales, por ejemplo, para el ingreso mínimo vital.

Frente a esa defensa, la reacción política se mantiene tensa: el presidente Sánchez ha tachado la iniciativa de PP y Vox de crear "ciudadanos de primera y de segunda", marcando la frontera discursiva que separa la interpretación del Gobierno de la lectura de Génova. El PP, por su parte, intenta domestic ar la narrativa y fabricar una certidumbre estratégica: prioridad nacional o no, su proyecto, avisan, no será ni una regularización masiva ni deportaciones masivas, sino rechazo a la inmigración delincuente y a quien venga a cobrar subvenciones ilícitas.

La partida está abierta y se juega en varios frentes: el vocabulario, la ley y la percepción del votante. Génova apuesta por el tiempo y por la gestión local para desactivar el atractivo maximalista de Vox. Vox, por su parte, mantiene sus exigencias públicas. El millón de gestos y matices que se despliegan entre acuerdos escritos y declaraciones públicas definirán si, en efecto, el PP logra convertir una expresión polémica en un activo electoral y en un instrumento de gobierno sin quebrar los límites que ellos mismos proclaman respetar.