Azcón, pacto a la medida: prioridad nacional, adiós al catalán y PAU única

El trazado del poder a menudo se dibuja con regla y compás. En Aragón, esa cartografía ha sido firmada por PP y Vox en un documento de 39 páginas que, salvo matices, es un calco de la hoja de ruta que desbloqueó Extremadura. No es mera casualidad: la reproducción deliberada de un modelo político pone en relieve una intención clara y ambiciosa de gobierno.

En inmigración, la letra es tajante y replicada sin ambages. La «prioridad nacional» para el acceso a ayudas sociales se consagra; 100.000 euros anuales se reservan para la verificación de edad; se apuesta por la repatriación de inmigrantes irregulares; se suprimen subvenciones a ONG que, en palabras del texto, «incentiven el efecto llamada»; y se anuncian reducciones en gastos y plazas en centros de acogida. Se completa la batería con la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos. Medidas que responden, sin disimulo, a la fractura previa sobre la acogida de menores migrantes no acompañados y que, según Alejandro Nolasco, buscan ahora demostrar «cómo podemos evitar lo que antes parecía inevitable».

Pero donde el acuerdo introduce novedades significativas es en la educación. El pacto propone una Prueba de Acceso a la Universidad única para todo el país, una reforma con alcance nacional que trasciende los límites autonómicos. En clave aragonesa se contempla la concertación progresiva del bachillerato y la inclusión de la Historia del Terrorismo en España como materia a partir del curso 2027/2028. Se abre, además, un capítulo contra el «adoctrinamiento» que desemboca en una reforma de la Ley 3/1999, del Patrimonio Cultural Aragonés, y en la supresión del Instituto Aragonés del Catalán.

La decisión de eliminar el respaldo institucional al catalán —idioma que, según el documento, es usado de forma fluida por el 4% de la población autonómica— es una medida de gran calado. No es un gesto menor: supone la retirada de una estructura dedicada al mantenimiento de una realidad lingüística y el intento explícito de «librar a Aragón de la imposición del catalán», expresión contenida en el propio acuerdo.

El paquete legislativo no olvida las llamadas «leyes ideológicas»: se plantea su derogación por entender que suponen un menoscabo de la libertad o responden a planteamientos ideológicos, junto con la eliminación o reorientación de organismos o estructuras administrativas vinculadas a esos fines. Es la fórmula, en suma, para desmantelar marcos normativos y aparatos públicos que se consideran superfluos o contraproducentes.

Más allá de los ejes ideológicos, el documento recoge preocupaciones territoriales y económicas propias de la comunidad: impulso a redes eléctricas como palanca industrial, fomento de la nieve, posicionar a Aragón como polo estratégico en centros de datos, reducción de impuestos, blindaje del sector primario, finalización de las obras del Pacto del Agua y la construcción de 4.000 viviendas públicas durante la legislatura.

El cumplimiento de este ambicioso repertorio se asegura mediante un compromiso explícito: la aprobación de los cuatro próximos presupuestos autonómicos. «No tengo una bola de cristal para saber lo que va a pasar de aquí a los próximos cuatro años, pero vamos a tener fe y esperanza y vamos a trabajar para llevar a buen puerto todas estas medidas», señaló Alejandro Nolasco, subrayando el pacto político que sustenta la hoja de ruta.

Lo que aquí se firma es, por tanto, un proyecto de poder que mezcla reproducción de fórmulas ya usadas con novedades de alto impacto social y cultural. El acuerdo no sólo busca gobernar: pretende diseñar el perfil de Aragón para la próxima legislatura, desde el acceso a la universidad hasta la presencia misma de una lengua en la vida pública. Es, en definitiva, una definición programática que exigirá a la sociedad aragonesa y a sus representantes una deliberación intensa sobre el rumbo elegido.