Se filtra la verdad: la carta de 250 millones que Montero negó fue tramitada desde su gabinete

La política no es sóla apariencia; es responsabilidad. Y cuando la gestión pública se ve interpuesta entre intercambios privados de gran calado, la ciudadanía tiene derecho a saber. Esta es la certeza que aflora de los hechos: el jefe de gabinete de la ministra María Jesús Montero, Carlos Moreno, declaró ante el Tribunal Supremo que fue él quien tramitó la oferta de Víctor de Aldama para comprar por 250 millones el complejo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) en Madrid.

Esos mismos hechos golpean con fuerza la versión ofrecida en el Parlamento. Montero, en su comparecencia en el Senado, negó disponer de carta alguna que autorizara a Aldama a intermediar en una operación sobre varios edificios del grupo estatal. Ahora, los documentos a los que ha tenido acceso EL MUNDO muestran que aquella afirmación no recoge la complejidad real de la gestión: hubo intercambio escrito entre Aldama y la Sepi y hasta la presentación de ofertas preliminares.

La operación, según la documentación, no nació en la sombra sino con nombres y pasos concretos. Aldama actuó a instancias de Koldo García, asesor del entonces ministro de Fomento, y presentó propuestas que fueron registradas. En abril de 2019, Aldama remitió una oferta preliminar: un acuerdo con el fondo Platinum Real Estate de Hong Kong para la compra de la sede de la Sepi por 201 millones, sin IVA, y una propuesta no vinculante suscrita por el magnate Harry Hassomal Mohinani, con un plazo de estudio de 90 días.

La tramitación interna también dejó huellas. La persona encargada de ocuparse de la operación fue Antonio Cervera, entonces presidente de Sepides y hombre de confianza de Montero, hoy director general de Costes de Personal del Ministerio de Hacienda. Fue Cervera quien intercambió comunicaciones con la secretaria de Aldama en marzo de 2019, indicando que analizaban la oferta. Y fue Carlos Moreno quien, según su propia confesión, trasladó la propuesta del inmueble de María de Molina a la Dirección General de Patrimonio, responsable de la subasta.

Los datos materiales no son detalles inocuos: el complejo Campos Velázquez ocupa cerca de 40.000 metros cuadrados y se divide en seis edificios que alojan, entre otras sedes, las de Sepi, Sepides y el cuartel general de Navantia. Aldama llegó a trabajar durante meses sobre la operación, mediante Pilot Real Estate, y desde fuentes próximas se admite que existió coordinación con el grupo estatal aunque la venta no llegara a fructificar.

No es una cuestión de rumores: es un rastro documental y una confesión procesal. Queda en el aire la pregunta que todo ciudadano merece oír respondida con claridad: ¿por qué en el Senado se desestimó la existencia de esa correspondencia cuando, internamente, la oferta fue tratada y cursada? Cuando la gestión pública y los intereses privados se tocan, la transparencia no es un adorno retórico; es la base mínima de la legitimidad. Si la política pretende reclamar respeto, debe aclarar hasta el fondo lo que los hechos ya han empezado a mostrar.