Política española

El decreto concreta los factores que permitirán optar a la regularización: desde la falta de ingresos a la situación de sinhogarismo, con informes certificados por ONG o servicios sociales.

Gaspar Zarrías reconoce haber pagado a Leire Díez por una investigación sobre el caso ERE y Villarejo; el material entregado llegó en un pendrive y no reveló la conexión buscada.

Archivada la denuncia por presunta agresión sexual, el exconselleiro Alfonso Villares reclama una disculpa de responsables políticos que ignoraron su presunción de inocencia.

La ley que devolvería la nacionalidad a saharauis con lazos históricos con España está paralizada por el PSOE. Sumar amenaza con aliarse al PP si no se desbloquea en la Comisión de Justicia.

Santiago Abascal elude pronunciarse sobre la expulsión de Javier Ortega Smith; el Comité Ejecutivo ratifica sanciones firmes y los ediles expulsados preparan recursos judiciales.

La refinería de Pascagoula vuelve a recibir petróleo venezolano en grandes volúmenes; Chevron importa hoy 250.000 barriles diarios y prevé ampliar entregas.

El Alto Tribunal niega la cautelarísima pedida por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica; el decreto, publicado en el BOE, entra en vigor mientras se tramita el recurso.

El traslado de Joan Vila, condenado por el asesinato de once ancianos, a un módulo de mujeres reaviva la discusión sobre la Ley Trans: la Alianza exige responsabilidades y pide su derogación.

El Gobierno ha cerrado la puerta a la indemnización solicitada por el exdiputado Alberto Rodríguez, alegando que el amparo del TC no genera efecto indemnizatorio y apuntando al deber del afectado de soportar el daño.

Francisca Muñoz, 'la Paqui', se niega a declarar en la comisión del Senado, pasa la comparecencia mirando el móvil y recibe reproches por su «mala educación» mientras afloran pagos, viajes y un ático sufragado por Servinabar.

La Guardia Civil atribuye a la presidenta del Congreso gestiones que facilitaron la entrada de empresas de Aldama en Baleares: mensajes, ofertas y presiones que activaron compras sin contrato previo.

Lo que hace meses parecía insalvable se ha convertido en acuerdo: PP y Vox formalizan un gobierno autonómico con reparto de cargos y un programa de 61 puntos y 74 medidas.