La contratación que no halló pruebas: Zarrías, Díez y el laberinto del ERE

La política no es ajena a los enredos y a las búsquedas desesperadas de certezas que reclamen inocencias o confirmen culpas. Ayer, en los juzgados de Plaza de Castilla, se escenificó uno de esos episodios: el veterano socialista Gaspar Zarrías compareció casi hora y media para explicar una contratación que nació de la sospecha y terminó sin el hallazgo prometido.

Zarrías relata que en 2021 Leire Díez —que se presentó como periodista y militante del PSOE— le ofreció una investigación sobre la posible implicación del comisario José Manuel Villarejo en el inicio del caso ERE, causa por la que el propio exconsejero fue condenado. En los primeros contactos, Díez acudió acompañada del empresario Javier Pérez Dolset, ambos imputados por presuntas maniobras destinadas a desacreditar investigaciones que comprometían al PSOE, según la información judicial conocida.

El testigo afirma que en esos encuentros compartió y explicó documentación judicial sobre los ERE. Y que, en 2024, Díez volvió a pedir ayuda económica para "culminar" su trabajo: Zarrías la contrató a través de su consultora, Zaño. Según su versión a la salida del juzgado, pagó 16.000 euros en total; fuentes presentes en la declaración recogen, no obstante, que en el propio testimonio se aludió a un total de 4.000 euros. Sea cual fuere la cifra precisa, el resultado fue coincidente en lo esencial: no apareció "nada" que reflejara la vinculación buscada entre Villarejo y el origen del caso ERE.

La relación contractual concluyó anticipadamente el 30 de septiembre de 2024, una fecha que coincide con la difusión por El Confidencial de las visitas de Díez a la sede de Ferraz. Zarrías negó que esa divulgación fuese la causa de la ruptura. Añadió que la consultora Zaño se cerró en 2025 por motivos familiares y de salud, según su testimonio.

A la hora de aportar pruebas, Zarrías acudió al juzgado con un pendrive que contenía los trabajos que le entregó Díez. Se le solicitó también el ordenador del que extrajo el contenido de esa memoria externa; él respondió que ya no conservaba ese equipo por su antigüedad y ofreció, en su lugar, el ordenador nuevo al que trasladó la información. El juez aceptó la petición de las acusaciones para que se aporte dicho material al procedimiento.

El contexto político que rodeó la contratación no es inocuo: la llamada de mayo de 2024 que desembocó en la contratación se produjo tras reuniones en Ferraz en las que Díez y Dolset llevaron audios de Villarejo relacionados con las saunas del suegro del presidente del Gobierno. En ese momento, Pedro Sánchez se encontraba valorando su continuidad tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez, y la actividad política se aceleró. Díez sostuvo ante otros interlocutores que el presidente habría ordenado "limpiar sin límite"; pidió material comprometedor contra Anticorrupción y se reunió con personas vinculadas a estas pesquisas, según las fuentes judiciales.

Ante la pregunta directa del juez sobre si Díez le dijo en algún momento que trabajaba "a instancias del PSOE", Zarrías respondió: "No". Es decir, la contratación y el pago existen en la versión del testigo, el material que recibió también, pero lo que no existe —según su declaración— es el damasquinado vínculo que justificara una estrategia de desautorización institucional del caso ERE a través de Villarejo.

Queda, sin embargo, la evidencia de una trama de contactos, reuniones y audios que se movieron en los límites de lo político y lo judicial. Queda también la obligación del juzgado de examinar el pendrive y los equipos informáticos ofrecidos. Y queda, por encima de todo, el deber de transparencia: cuando la política y la investigación se entrecruzan en búsquedas privadas de pruebas, la ciudadanía tiene derecho a saber qué se pagó, qué se recibió y por qué no surgieron las certezas que algunos reclamaban.

En este episodio, la conclusión provisional es rotunda y sencilla: hubo pago, hubo entrega de material y no hubo hallazgo del nexo perseguido. El tribunal y la verdad procesal deberán confirmar si esa combinación fue fruto de una pesquisa legítima, de una maniobra de distracción o de algo intermedio. Mientras tanto, la política española asiste, una vez más, al espectáculo de las certezas que se buscan y no aparecen.