Regularización extraordinaria: vulnerabilidad matizada, pero el Gobierno persigue amplitud

El Gobierno ha decidido dejar por escrito lo que hasta ahora era un concepto difuso: qué se entiende por "situación de vulnerabilidad" para acceder a la regularización extraordinaria anunciada por el Ejecutivo. El formulario publicado en el portal del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones traduce en criterios concretos una materia que había quedado abierta en anteriores borradores.

La relación de factores es amplia y abarca realidades diversas: aislamiento social o ausencia de red de apoyo; sinhogarismo o vivienda precaria; discriminación o exclusión social; falta de ingresos suficientes; situación de pobreza o riesgo de exclusión económica; dificultad de acceso al empleo; tener personas a cargo, sean menores o dependientes; formar parte de una unidad familiar vulnerable; modelos monoparentales en contexto de precariedad; riesgo psicosocial; exposición a explotación o abuso, y otras circunstancias que puedan especificarse.

Ese catálogo no se deja en manos del interesado: el informe deberá ser cumplimentado y ratificado por "las entidades competentes en materia de asistencia social" o por las ONG inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería, cuyo listado figura en la web del proceso. Es decir, la acreditación pasa por organismos externos y certificados, no por la mera declaración individual.

El texto también establece excepciones concretas: no tendrán que presentar el informe quienes sean o hayan sido solicitantes de asilo, ni quienes, sin serlo, tengan hijos menores o mayores dependientes a su cargo (coincidiendo con uno de los factores del propio formulario), ni quienes ya cuenten con una oferta de trabajo. Son supuestos que la norma considera suficientes de por sí para la valoración de la solicitud.

La definición legal de vulnerabilidad mantiene la ambición política de incluir a un número amplio de beneficiarios: se entenderá que la padecen las personas extranjeras cuya condición administrativa irregular y las circunstancias personales, económicas, sociales, psicosociales, familiares o habitacionales derivadas de ella afecten a sus condiciones de vida o al acceso efectivo a sus derechos. Esa amplitud fue celebrada por Podemos, que negoció con el Gobierno la medida; al mismo tiempo, el Consejo de Estado hizo observaciones que obligaron a matizar y endurecer algunos aspectos del real decreto.

El Ministerio, por su parte, defiende que la norma es "amplia" pero también "exigente": amplia en la enumeración de supuestos que pueden dar lugar a regularización, exigente en los requisitos de acreditación, que pivotan en informes certificados por entidades sociales acreditadas. El resultado es una fórmula que pretende conciliar la voluntad política de ampliar el acceso con controles administrativos y garantías externas que verifiquen la condición alegada.