Sumar desafía al PSOE: la lealtad al Estado frente al miedo a Rabat

En el hemiciclo se libra otra batalla de lealtades y de prioridades. No es una disputa menor: se trata de reparar una situación histórica para ciudadanos que fueron españoles cuando el territorio del Sáhara Occidental pertenecía a España y para sus descendientes. Esa proposición de ley, impulsada por Sumar, contaba a priori con los votos necesarios para prosperar en el Congreso. Y, sin embargo, yace congelada en la recta final de su tramitación porque el socio mayoritario del Gobierno, el PSOE, la ha dejado en espera.

Enrique Santiago, diputado de Sumar y referente parlamentario de IU, no ha andado con paños calientes. Ha reclamado que lo «lógico» es que la norma avance con los votos de las fuerzas de la alianza del Gobierno; y ha advertido, con la firmeza que exige la cuestión, que si el PSOE no mueve ficha, Sumar explorará «otras muchas combinaciones» para sacarla adelante. Traducción: existe la opción real de apoyarse en el PP en la Comisión de Justicia, donde incluso hay consensos técnicos y enmiendas del grupo popular alineadas con la proposición.

La tensión no es exclusivamente parlamentaria; es también diplomática. Santiago ha enmarcado la paralización en lo que considera un «grave error» de estrategia del PSOE en sus relaciones con Marruecos. Ha acusado al partido de gobernar con miedo a las reacciones de Rabat y de rehuir medidas firmes conforme al Derecho Internacional por temor a que Marruecos utilice la inmigración «como arma» contra España. Es decir: el cálculo de riesgo exterior condiciona decisiones que afectan a derechos y a personas.

En paralelo, la polémica sobre la exclusión de los saharauis del proceso de regularización ha multiplicado la urgencia. El Gobierno, atendiendo al criterio del Consejo de Estado, ha considerado que la vía de regularización no es compatible con la situación de apatridia. Sumar ha anunciado que busca soluciones inmediatas para que esa «discriminación» desaparezca, planteando, según su portavoz, dos vías: acelerar los plazos del procedimiento para apátridas y articular medidas legales para que dichas solicitudes produzcan «los mismos efectos» que la regularización ordinaria.

Desde la visión oficial del PSOE, el ministro Óscar López ha defendido que el proceso que ampara a los apátridas «tiene su camino y seguirá siendo así». Esa respuesta ministerial marca una frontera nítida: por un lado, quienes piden urgencia y reparación; por otro, un Gobierno que reivindica un mecanismo distinto para los apátridas y que, por ahora, mantiene la paralización de la ley impulsada por Sumar.

La fotografía final es clara y exige decisiones: una mayoría parlamentaria amplia, según Sumar, para reconocer la nacionalidad a miles de personas; una proposición lista para avanzar; y un obstáculo de naturaleza política que mezcla diplomacia exterior y cálculo interno. Si se permite que ese obstáculo persista, la política habrá priorizado la prudencia internacional por encima de la reparación jurídica y humana. Si se rompe el bloqueo —sea con la fórmula que sea—, será la prueba de que los intereses del Estado y de los derechos ciudadanos priman sobre los temores a consecuencias diplomáticas. De momento, la amenaza de Sumar de aliarse con el PP pone el foco en una cuestión elemental: ¿gobernar para preservar alianzas externas o para cumplir con la justicia que reclaman los afectados?