El Ejecutivo niega resarcir a Alberto Rodríguez: la cuenta que se niega a pagar el Estado

El Gobierno ha decidido no hacerse cargo de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por Alberto Rodríguez, que reclamaba alrededor de 134.000 euros por haber sido privado de su escaño en octubre de 2021. Así consta en la resolución del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de fecha 14 de abril.

El expediente fue presentado por el letrado Gonzalo Boyé en nombre del ex parlamentario, que había visto anulada la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo por el Tribunal Constitucional, que le otorgó amparo. La Mesa del Congreso, en febrero del año pasado, derivó la resolución de esta petición al Gobierno, considerando competente al Consejo de Ministros para dirimir reclamaciones "contra un acto parlamentario no normativo" tras el amparo concedido por el TC.

La cuantía reclamada no es una cifra simbólica: 21 mensualidades a razón de 6.144,64 euros, según solicita el reclamante, que sumarían unos 134.000 euros por las retribuciones dejadas de percibir desde la privación del escaño hasta el final de la pasada legislatura. El ministerio, en su resolución, mantiene que la sentencia de amparo dictada por el Constitucional no comporta "efecto indemnizatorio".

El Gobierno apoya su decisión en la interpretación de que el TC asumió que la retirada del escaño era consecuencia legal del modo en que estaba fijada la condena y en el criterio del Consejo de Estado de que no procede, en sede de responsabilidad patrimonial, efectuar una "nueva y completa valoración" del cauce seguido al fijar una posición a través del acto anulado. Además, el texto subraya que el Tribunal Constitucional "en ningún momento cuestiona" que la actuación de la Mesa del Congreso tras la sentencia del Supremo fuera "ilógica, arbitraria o temeraria desde un punto de vista jurídico" ni la califica de "mala praxis".

El Ministerio concluye que, por tanto, debe entenderse que el exdiputado tenía "el deber jurídico de soportar el daño derivado de la resolución posteriormente anulada" y rechaza la existencia de responsabilidad patrimonial. El recurso que cabe ahora es el contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo en el plazo de dos meses.

En la respuesta pública, la formación Drago —a la que está ligado Alberto Rodríguez— ha denunciado la decisión en redes sociales y el propio exparlamentario ha anunciado su voluntad de recurrir ante el Supremo y, si procede, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. "Voy a denunciar al Gobierno y al Estado hasta que se haga justicia", ha declarado en medios, según recoge la información.

No es menor el dato procesal y material: la pena impuesta por el alto tribunal en su día fue una condena que incluía la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, pena accesoria que motivó la pérdida del escaño. La pena de prisión fue sustituida por una multa, pero la accesoria se mantuvo en la resolución que originó la privación del puesto. Cuando se produjo la vacante, nadie de la lista asumió el escaño y la Cámara quedó con la plaza sin ocupante, por lo que no se produjo gasto en la sustitución que hubiera tenido derecho a perceptores posteriores.

La decisión del Gobierno plantea preguntas políticas y jurídicas ineludibles: ¿dónde termina la protección del erario y dónde empieza la responsabilidad del Estado cuando un tribunal de garantías anula una condena? ¿Puede una resolución de amparo no generar efecto resarcitorio aunque deje sin efectos la condena que produjo la privación de un cargo público? Son preguntas que ahora deberán dirimirse en sede contencioso-administrativa y quizás más allá, si la vía europea llega a abrirse.

Por ahora, el Ejecutivo ha cerrado la puerta a pagar la factura. La pelota está en el tejado del reclamante y de los tribunales superiores. Y la sociedad queda, otra vez, ante la tensión entre la seguridad jurídica de los actos administrativos y la reparación a quienes resultaron perjudicados por decisiones que posteriormente se han declarado erradas.