Política española

Un derrame que ha manchado cientos de kilómetros de litoral exige respuestas claras. Las autoridades despliegan recursos, pero las dudas persisten y las comunidades costeras sufren.

En ocho años, el Ejecutivo ha engordado su plantilla de confianza y la factura estatal hasta cifras históricas: 987 asesores y 170,3 millones en 2025. Hechos que exigen respuestas.

La Comisión Europea exige que España garantice la repatriación de quienes obtengan un permiso nacional y sean encontrados irregularmente en otra parte de la UE. El coste, advierten, deberá negociarse entre Estados.

Un guion por una coma: la modificación constitucional para separar Ibiza y Formentera no es anécdota. Negociada por PSOE y PP, revela canales de diálogo aún operativos pese a la tensión pública.

Lo que nació como una excepción humanitaria se convirtió en un canal estructural que colapsó el sistema. El Ejecutivo devuelve ahora a los venezolanos al cauce ordinario, con trámites más duros y menos certezas.

La jueza de Barcelona aparta a Félix Azón por ser magistrado del Supremo desde febrero de 2025. La causa contra Pegasus y Candiru sigue con cinco querellantes citados en abril.

La portavoz del Gobierno reprocha al PP su volteo político: criticó una medida que antes apoyó y ahora la ataca bajo el influjo de la extrema derecha.

Frente a la campaña judicial y la curiosa atención internacional, la defensa de los profesionales y del marco legal aprobado debe ser firme y sin timideces.

La publicación en el BOE certifica una reorganización que coloca al ministro de Economía como vicepresidente primero y al frente de la comisión de Inteligencia; la política del Gobierno recibe un marcado sesgo técnico.

La Audiencia Provincial de Valencia impone tres años de prisión a Ignacio Jordà —con pena suspendida— por portar 103,05 gramos de tusi destinados a la venta. Se le aplica la atenuante de toxicomanía y la obligación de rehabilitarse.

Un acuerdo del 24 de septiembre que no tuvo nota pública, una actualización ligada a un pacto de 1998 y la protesta de asociaciones judiciales por la falta de protección laboral de los jueces.

Dos estallidos de 'musulmán el que no bote' en Cornellá provocaron la 'vergüenza' del Gobierno; dirigentes de Vox no condenaron y algunos incluso los aplaudieron.