La hipocresía del giro: cuando el PP se somete al dictado de la ultraderecha

La política no admite amnesias cómodas. Elma Saiz, ministra y portavoz del Gobierno, lo ha recordado con la claridad de quien defiende una medida que considera necesaria y legal: la regularización extraordinaria de personas inmigrantes. Saiz ha lamentado que el Partido Popular, que en el pasado respaldó iniciativas semejantes, ahora critique esa misma vía cuando la impulsa el Ejecutivo.

Es una acusación directa y grave: Saiz sostiene que el PP está "supeditado" a acuerdos marcados por la extrema derecha. No es una metáfora: es la constatación de un vuelco político que altera posiciones previas y las convierte en reproche cuando los papeles cambian. Rafael Hernando, diputado del PP, llegó a alertar en el Congreso sobre supuestas consecuencias “terribles para la seguridad española”, mientras populares y Vox aprobaron con mayoría absoluta en comisión una ponencia para estudiar el proceso y elevar conclusiones a la Cámara.

No se trata de retórica hueca: el debate tiene efectos concretos. El último borrador del decreto contempla la apertura de ventanillas en oficinas de Correos y de la Seguridad Social para recibir solicitudes de residencia y trabajo de más de medio millón de personas en situación irregular —y algunas fuentes estiman que podrían acercarse al millón—. El Gobierno, por su parte, insiste en que el procedimiento es interno, nacional y limitado a garantizar derechos de residencia y trabajo dentro de España, en consonancia con lo señalado por la Comisión Europea.

Frente a la alarma lanzada por la derecha, Saiz recuerda que el Ejecutivo se mueve dentro de un marco de diálogo con la Unión Europea y que pretende un proceso "ágil" y dentro del calendario previsto, con la meta de culminar antes del 30 de junio. También matiza decisiones puntuales, como el fin de la vía abreviada para venezolanos promovida desde 2018: niega que se pretenda dificultar el acceso de venezolanos al proceso, y subraya que ese cambio debe leerse en el contexto de la regularización extraordinaria más amplia.

La escena política que describe la ministra plantea preguntas incómodas: ¿es coherente criticar hoy lo que se apoyó ayer? ¿Es razonable convertir la inmigración en arma de partido y en comidilla de acuerdos con la ultraderecha? Son interrogantes que no piden pasión, sino respuesta clara y responsable en el Parlamento y ante la ciudadanía.

España necesita debate honesto sobre migración y políticas públicas, no titulares que se alimenten del miedo. Si hay dudas legítimas sobre seguridad o procedimiento, que se discutan en el seno de las instituciones; si hay populismos que marcan la agenda de los grandes partidos, que se expongan y se diriman con transparencia. La regularización extraordinaria, dicte el Gobierno que la impulsa o la reproche la oposición, exige ser tratada con la seriedad que merecen los derechos y la convivencia de quienes habitan este país.