La regularización que obliga a España a repatriar a sus propios beneficiarios

La Unión Europea ha puesto sobre la mesa una consecuencia elemental y contundente: un permiso de residencia expedido por España solo autoriza a vivir y trabajar en España. La Comisión Europea remarca que, si un beneficiario de ese permiso es hallado en situación irregular en otro Estado miembro o solicita asilo en otro país de la UE, debe ser devuelto al Estado que expidió el permiso.

No es una hipótesis: es la instrucción que trasladan fuentes comunitarias. El comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, ya lo dejó dicho: la regularización nacional puede tener impacto en otros Estados y, en caso de fuga o de establecimiento en otros países, la persona debe retornar a España. No hay margen para interpretar que un permiso nacional equivale a libertad de establecimiento en toda la Unión.

Esa claridad normativa abre, sin embargo, una cuestión práctica de primer orden: la repatriación tiene coste. La Comisión señala que esa materia "se debe tratar entre los países"; traducido: corresponde negociar entre Estados quién asume los gastos de devolver a quienes abandonen su lugar legal de residencia. Es una puerta que queda abierta a pactos bilaterales o acuerdos ad hoc, pero no a la indiferencia.

En Madrid, el Gobierno ha transmitido un mensaje de tranquilidad: la regularización dará derecho a un permiso de trabajo en España, según explicó la portavoz Elma Saiz. El Ejecutivo prevé poner en marcha la medida en abril, aunque el Consejo de Estado está analizando la actuación y puede producirse algún retraso. En cualquier caso, el Gobierno asegura que "habrá plazo" para tramitar las solicitudes.

Sobre la magnitud del proceso, las estimaciones publicadas oscilan: primeras cifras hablaban de unos 500.000 regularizados; otras proyecciones, citadas de forma recurrente por la oposición, elevan esa cifra hasta 800.000. Sea cual sea el número definitivo, la Comisión ya advierte que la decisión nacional de regularizar nacionales de terceros países en un espacio sin fronteras interiores puede generar efectos en otros socios comunitarios.

Aquí están, pues, la letra y la realidad: decisión nacional, efectos supranacionales; permiso limitado al país emisor, obligación de repatriación si se vulnera esa limitación; y una factura que no se sabe aún cómo y quién pagará, salvo que se negocie entre Estados. Quien impulsó la regularización no puede eludir esta consecuencia: la política migratoria no se hace en un vacío, y la soberanía nacional choca con la lógica de cooperación y responsabilidad compartida que exige la Unión Europea.

Queda, por tanto, una tarea urgente para el Gobierno: clarificar los procedimientos de control y retorno, articular acuerdos con otros Estados miembros sobre costes y responsabilidades, y comunicar con transparencia a la sociedad cuántas personas podrán beneficiarse realmente y en qué condiciones. No hay gesto político que valga si no se acompaña de medidas administrativas y acuerdos internacionales que eviten externalidades y fricciones con nuestros socios.