La cúpula que se subió la nómina: cuando la Justicia se mira el bolsillo

El pasado 24 de septiembre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) adoptó un acuerdo que ha encendido la indignación entre magistrados y asociaciones: actualizar un complemento por antigüedad para equiparar a sus vocales con la carrera judicial, una medida que puede suponer hasta 839,23 euros mensuales para quienes no tienen la condición de funcionario.

No fue un gesto menor ni fortuito. La medida parte, según fuentes consultadas, de un acuerdo previo de 25 de febrero de 1998 que creó un “complemento de antigüedad” para que los vocales —judiciales y no judiciales— percibieran el equivalente a cinco trienios de la carrera judicial. La Ley de Presupuestos de finales de 2022 formalizó que los miembros del CGPJ, Tribunal Constitucional y Tribunal de Cuentas recibirían las retribuciones fijadas por sus propios acuerdos en materia de antigüedad, y abrió la puerta a perfeccionar trienios a quienes tuvieron condición previa de funcionario.

Al hilo de esa genealogía normativa y retributiva, el CGPJ decidió ajustar ahora el importe: para vocales no funcionarios el complemento anual asciende a 10.070,80 euros (repartidos en 12 pagas), y para funcionarios añade 753,60 euros anuales por cada trienio reconocido que supere los cinco. El Portal de Transparencia recoge, además, que en 2025 la presidenta del Consejo y del Tribunal Supremo percibía 155.714,46 euros y los vocales 134.295,80 euros, antes de computar trienios y complementos. El propio acuerdo, publicado en la web del órgano, no fue comunicado mediante nota de prensa en su día.

La explicación interna apunta a una corrección de un agravio: muchos vocales cobraban menos como miembros del CGPJ que como magistrados del Tribunal Supremo, un desfase que la actualización pretende subsanar. Pero el timing y la forma han encendido la alarma en la carrera judicial: asociaciones como la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) denuncian la incoherencia de subir la retribución de la cúpula mientras el CGPJ se niega a aplicar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a la carrera judicial.

Ese incumplimiento no es una cuestión retórica: la falta de aplicación de la normativa de prevención ha costado condenas por indemnizaciones que superan los 300.000 euros, recuerdan las fuentes criticando la prioridad. Marien Ortega, portavoz de la AJFV, ha señalado que el mensaje es claro: hay dinero para aumentar el salario de la cúpula pero no para proteger la salud de quienes sostienen cada día la Justicia que recibe el ciudadano. Roberto García Ceniceros, presidente del FJI, subraya el rechazo en la carrera judicial y apunta que el problema es la percepción de que el CGPJ resulta ajeno a los jueces, politizado y dependiente de los partidos, sobre todo cuando la política de nombramientos discrecionales suscita dudas sobre mérito y capacidad.

También pesa el contexto institucional: el anterior CGPJ, en funciones desde 2018, no acometió esta actualización por considerar inoportuna la medida durante el periodo de interinidad que se prolongó hasta 2024. Fuentes del actual órgano sostienen que no se pudo adaptar hasta ahora tras una primera fase de intensas negociaciones entre bloques para resolver más de cien nombramientos pendientes.

Los hechos están ahí: acuerdo de 24 de septiembre, referencia a un pacto de 1998, amparo parcial de la Ley de Presupuestos de 2022, publicación en la web sin nota de prensa y la reacción airada de asociaciones judiciales que señalan una clara contradicción entre la elevación de la retribución de la cúpula y la omisión en materia de prevención laboral que afecta a la mayoría de jueces. Esa tensión entre autoprotección y abandono de responsabilidades básicas plantea preguntas rigurosas sobre prioridades, transparencia y el deber de un órgano de gobierno de la judicatura que debe ser, ante todo, garante de la independencia y del bienestar de la carrera judicial.