La justicia se topa con el aforamiento: Azón fuera del caso Pegasus

La verdad procesal se impone, por ahora, a la verdad material. La magistrada instructora de Barcelona, Julia Tortosa García-Vaso, ha dejado fuera del procedimiento al exdirector de la Guardia Civil Félix Azón, después de que la Fiscalía confirmara que desde febrero de 2025 ocupa plaza en el Tribunal Supremo y, por tanto, goza de la condición de aforado. El pronunciamiento no entra en el fondo del asunto: establece la competencia jurisdiccional. Azón sólo puede ser investigado por el alto tribunal, no por el juzgado que instruye en Barcelona.

El expediente sigue su curso con nuevos pasos procesales: la jueza ha citado a declarar a los cinco querellantes los días 15 y 20 de abril. Son los miembros del colectivo Sentinel Alliance —Joan Matamala, Jordi Baylina, Joan Arús, Pau Escrich y Xavier Vives— que sostienen haber sido espiados ilegalmente entre 2019 y 2020. El calendario de diligencias marca el pulso de una instrucción que todavía no ha desvelado el núcleo de responsabilidades.

Los hechos relatados en la querella están soportados, en parte, por un informe externo: el centro canadiense Citizen Lab identificó 78 ataques a los dispositivos de los querellantes en ese periodo, vulneraciones que, según el análisis, posibilitaban la extracción de archivos, chats y la activación de cámaras y micrófonos. Esos ataques, sostienen los afectados, se tradujeron en filtraciones a medios que dañaron la reputación de sus empresas tecnológicas.

La propia Guardia Civil ha reconocido espionajes y seguimientos sobre algunos de los querellantes, aunque la motivación detrás de esas actuaciones sigue sin esclarecerse en el sumario. Los demandantes han reclamado al Gobierno la desclasificación de documentos relativos al uso de Pegasus y Candiru, software cuya adquisición, según la querella, corresponde únicamente a Estados y centros de inteligencia. También han exigido peritajes independientes sobre sus teléfonos y acceso a las investigaciones previas vinculadas a Tsunami Democràtic y Judas.

Este procedimiento no nace ayer: el 9 de septiembre la titular del juzgado admitió la querella dirigida, entre otros, contra la exjefa del CNI Paz Esteban y las exdirectoras de la Guardia Civil María Gámez y Félix Azón. Sin embargo, en febrero la Fiscalía pidió expresamente que Azón quedara excluido de la instrucción por su condición de magistrado del Supremo, petición que la instructora ha estimado al considerarse incompetente para investigarlo. La jueza ha subrayado, a este respecto, que aunque los hechos denunciados se remontan a 2019-2020 —cuando Azón no era magistrado— la ley no exige que el delito se haya cometido con ocasión del cargo para que opere la protección del aforamiento.

Queda, por tanto, una doble realidad: por un lado, la investigación avanza con declaraciones y pruebas; por otro, el marco legal del aforamiento condiciona quién responde ante la justicia y dónde se dilucidan las responsabilidades. El caso Pegasus y Candiru continúa desplegando su trama entre peritajes, citaciones y decisiones procesales que irán marcando la posibilidad de conocer la verdad material detrás del espionaje denunciado.