Defender lo legal y lo humano: la Generalitat planta cara a la ofensiva contra el derecho a una muerte digna

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha hecho pública una defensa rotunda de la doctora que tramitó la eutanasia de Noelia. No es un gesto menor: es la afirmación de un principio básico en un Estado de derecho: proteger a los profesionales sanitarios cuando actúan conforme a la ley y a los procedimientos legales vigentes.

Que el Departamento de Estado de Estados Unidos haya instruido a su Embajada en Madrid para recabar información sobre cómo se gestionó el caso, según ha publicado el New York Post, añade una dimensión insólita. No se trata sólo de una controversia doméstica: la atención exterior subraya que decisiones sanitarias, judiciales y administrativas españolas son observadas y escrutadas más allá de nuestras fronteras, lo que exige transparencia y serenidad en las explicaciones, pero también defensa de nuestras instituciones cuando actúan conforme al ordenamiento.

En el plano jurídico, los hechos son claros y documentados: la petición formal de Noelia llegó en abril y la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña otorgó la autorización por unanimidad el 18 de julio de 2024. El proceso se vio interrumpido por una suspensión cautelar decretada el 1 de agosto por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 12 de Barcelona a instancia del progenitor, lo que situó el asunto en primera línea mediática.

La juez que celebró la vista —la primera de estas características en España— decidió finalmente autorizar la eutanasia, entendiendo que la joven conservaba sus capacidades para decidir. Esa resolución fue ratificada sucesivamente por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Constitucional. Ese recorrido no es anecdótico: es la confirmación de que las decisiones se han tomado dentro del marco procesal y jurisdiccional establecido.

Ayer trascendió, además, que la Fundación Abogados Cristianos presentó una denuncia contra la doctora responsable, atribuyéndole un presunto delito de prevaricación por desempeñar simultáneamente la coordinación de trasplantes en el Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf, entidad a la que pertenece el hospital donde se realizó el procedimiento. Es un reproche jurídico que deberá dirimirse en sede competente; los procedimientos de investigación y sanción existen para eso. Conviene, no obstante, separar la contienda legal de la lealtad a la ley: la médica actuó en el marco de una autorización concedida por la comisión correspondiente y avalada por la justicia.

No menos relevante es el dato de que Noelia no llegó a donar sus órganos, pese a informaciones iniciales que señalaron lo contrario. Es un matiz que obliga a prudencia en las interpretaciones y que relativiza algunos argumentos utilizados por quienes transforman este caso en una bandera ideológica.

Finalmente, nadie debe olvidar el origen legislativo del derecho en discusión: Salvador Illa fue ministro de Sanidad cuando, en 2021, se aprobó la Ley española de la Eutanasia, una norma que convirtió a España en uno de los países que regulan la muerte asistida. Defender la legalidad implica también defender el marco que los parlamentarios aprobaron y que viene a reconocer decisiones personales en circunstancias extremas.

La democracia exige que las discrepancias se discutan en los cauces establecidos: en los tribunales, en el debate público y en el Parlamento. Pero cuando profesionales sanitarios actúan con arreglo a la ley y cuando los tribunales han resuelto, la respuesta institucional debe ser la defensa clara de las normas y de quienes las aplican, sin ambigüedades y con la serenidad que reclama la responsabilidad pública.