El gasto a dedo que erosiona la confianza pública

La contabilidad no miente: lo que antes eran cifras tolerables se ha convertido en una pesada losa para las arcas públicas y para la percepción ciudadana. Según la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y los datos oficiales publicados por el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, en 2025 el Gobierno registró 987 asesores y pagó 79,6 millones por esos puestos. A la suma de altos cargos —90,6 millones— el gasto anual en cargos de confianza ascendió a 170,3 millones. Son datos, no opiniones.

El crecimiento es estructural y acumulado. Desde 2018 el desembolso en asesores se ha duplicado: en 2018 el gasto fue de 41 millones y en 2025 alcanza casi 80. El número de asesores también se ha inflado: 314 en 2019, 471 en julio de 2024 y 987 en 2025, según las series oficiales. Frente a ese horizonte, el Gobierno de Pedro Sánchez acumula, desde su llegada a La Moncloa, 1.134 millones destinados a asesores y altos cargos en suma. Son cifras comparables, igualmente comprobables, con las de gobiernos anteriores: Rajoy destinó 614 millones entre 2012 y 2017 y Zapatero 775,8 entre 2005 y 2011.

No se trata sólo de números sino de prioridades. El grueso del incremento está concentrado en Presidencia, que en julio de 2025 sumaba 499 asesores dentro del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Un gabinete centralizado que, según los datos, actúa como un verdadero centro de operaciones político-administrativas, con perfiles técnicos y políticos «a dedo» que colonizan el Ejecutivo. Mientras tanto, otros departamentos mantienen cifras muy inferiores: Educación y Economía registraban en julio de 2025 solo nueve asesores cada uno; Defensa, once (muchos de ellos militares); Transportes y otros ministerios muestran plantillas claramente más reducidas.

Tampoco es un episodio aislado en el tiempo: la factura ha permanecido en máximos desde 2020, con picos sucesivos: 130 millones en 2020, 152 en 2023 y por encima de 160 en 2024, antes de alcanzar los 170,3 millones en 2025. Y todo ello se produce mientras el Ejecutivo mantiene los Presupuestos Generales del Estado prorrogados desde 2024 y con la previsión, por ahora, de completar buena parte de la legislatura con partidas de ejercicios anteriores. Son hechos, y los hechos exigen explicación.

La acumulación de cargos de confianza y la ampliación sostenida del gasto público vinculada a ellos plantea, por tanto, preguntas de fondo sobre transparencia, eficiencia y prioridades del gasto. El escrutinio público y parlamentario encuentra material sobrado en las cifras oficiales: ¿qué función concreta justifican casi 1.000 asesores al servicio del Consejo de Ministros? ¿Qué controles existen sobre el crecimiento continuado de esa plantilla y del coste asociado?

No es una condena ideológica: es la exigencia de rigor que corresponde cuando los recursos públicos se incrementan sin freno en una partida bajo designación directa. La democracia exige que las decisiones que afectan al erario público se expliquen con nitidez y que los ciudadanos puedan contrastar inversión y resultado. Los datos publicados por la IGAE y por el Ministerio ofrecen el mapa; corresponde al Gobierno dar las respuestas claras que los hechos reclaman.