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El Gobierno ha convertido la compasión en decreto y el decreto en atajo. Regularizar en masa sin orden ni control es legitimar el caos y condenar a España a pagar las consecuencias.

El pacto de Extremadura no es un simple arreglo regional: obliga a leer en clave nacional. Al aceptar cuatro presupuestos y ceder en medidas ideológicas, Vox deja de ser lo imprevisible y emerge como socio con capacidad de estabilidad.

Un juez especializado ha encontrado indicios suficientes para investigar presuntos delitos de acoso sexual, laboral y revelación de secretos contra el alcalde de Móstoles y el Partido Popular. La causa, derivada de un escrito de casi cien páginas, avanza y cita a la denunciante.

En privado la coalición recuerda que las encuestas colocan a Podemos como "el pequeño" y que Irene Montero no es opción para encabezar la unión. La supervivencia del espacio morado, dicen, exige incorporación sin dictados.

Un pacto que no es tibio ni circunstancial: exige reformar la ley de extranjería, excluye a inmigrantes irregulares de prestaciones estructurales y condiciona ayudas y vivienda a la vinculación al territorio.

La jueza ha apreciado indicios y ordena diligencias esenciales: declaración de la denunciante y examen forense. Se inicia una fase judicial que será larga y polémica.

La gira de María Corina Machado en Madrid reaparece como temblor íntimo: el exilio reconoce el dolor y pronuncia la esperanza en voz alta. No es política fría; es lágrima y deber.

Miles en Madrid reclamaron la vuelta de María Corina Machado y celebraron reconocimientos institucionales: un mensaje claro desde la diáspora: Venezuela será libre.

Tras meses de crecimiento por captar voto popular, abril sitúa a Vox ante un techo: el trasvase de votos desde el PP se reduce a la mitad y el partido opta por entrar en gobiernos autonómicos para contener la hemorragia.

El acuerdo para investir a María Guardiola no disipa las tensiones: Vox acusa a Génova de una campaña diseñada para neutralizar a Abascal. Si se les presenta como el demonio, advierten, la destrucción mutua estará asegurada.

En Barcelona, la retórica incendiaria se cambia por agendas concretas: arreglar asfalto, acelerar autobuses y asegurar cuidados. La política de gestos se queda fuera del salón.

De Barcelona a Roma y Nueva York, una red de alcaldes progresistas se reivindica como primera línea contra el avance de la derecha y la ultraderecha, tomando la vivienda y el poder adquisitivo como campo de batalla.