Sumar reprende al inmovilismo: volverán a intentar prorrogar los alquileres

La política no es teatro de máscaras sino campo de negociación real. Sumar, el socio minoritario del Gobierno de coalición, ha elegido la senda de la persistencia: anunciar en rueda de prensa que en "los próximos días" impulsará una nueva propuesta de real decreto para prorrogar los contratos de alquiler cuyo vencimiento afecta a 2026 y 2027. No es mera retórica: es respuesta directa a la anulación parlamentaria que dejó tumbado el decreto anterior en el Congreso la semana pasada.

No olvidemos quién marcó la sentencia: los votos de Junts fueron determinantes en la no convalidación. Frente a ese hecho incontrovertible, Sumar asume —con voz firme— la tarea de explorar "un perímetro de diálogo" que permita coser apoyos. La fórmula es clara y elemental: incorporar en el texto medidas reclamadas durante el debate, como una bonificación fiscal para propietarios y el IVA franquiciado para autónomos, para atraer a quienes se mostraron reticentes.

En la tribuna pública fueron Ernest Urtasun (Comunes) y Enrique Santiago (IU) quienes pusieron rostro y palabra al plan. El mensaje no fue de derrota sino de convocatoria: "no vamos a bajar los brazos" en la materia de la vivienda, advirtieron. Y Urtasun dejó claro que Sumar pretende primero dialogar con los partidos —a diferencia del primer decreto— antes de llevar la propuesta al Consejo de Ministros, para intentar asegurar los apoyos necesarios.

Pero existe una limitación práctica y política evidente: sin el acuerdo del PSOE no hay vía expedita por real decreto, porque ese instrumento exige la aprobación del Consejo de Ministros. Sumar lo sabe y por eso pone el acento en la negociación permanente con su socio, reclamando valentía y ambición para afrontar "la cuestión de la vivienda" que, a juicio de Urtasun, es uno de los principales factores de desigualdad social hoy.

Sumar se impone prisa: "cuanto antes, mejor", repiten. Y sin ambages explican que, si el camino del real decreto no fuera viable, queda la vía más lenta del proyecto de ley en el Congreso, con sus plazos y efectos jurídicos diferidos. Ese reconocimiento de límites es la realidad del tablero político: voluntad de actuación inmediata enfrentada a aritméticas parlamentarias y a la necesidad de tantear concesiones que atraigan apoyos, incluidos los de Junts y de otros grupos.

La escena política que describen los hechos es, pues, conocida: un socio minoritario que intenta recomponer una iniciativa tumbada, tratando de ampliar su respaldo mediante ofertas concretas; un PSOE cuyo respaldo sigue siendo imprescindible; y un Congreso que ya expresó su rechazo al primer intento. Lo que viene ahora es prever si la vía del pacto, con concesiones fiscales y técnicas, será suficiente para convertir la determinación en ley y en protección efectiva para quienes dependen de la prórroga.

Sumar ha lanzado la ofensiva y promete mantenerla. El calendario lo marcarán los próximos días y la capacidad de traducir diálogo en acuerdos. Los ciudadanos, en cambio, esperan hechos: que el debate parlamentario no quede otra vez en el mero intercambio de eslóganes, sino que desemboque en soluciones reales para el derecho a la vivienda que reclaman los hechos y denuncian las cifras de desigualdad social.