Cuando la voz de la flotilla golpea la impunidad

Ada Colau ha vuelto este martes a convertir la plaza ante la Audiencia Nacional en un atril de advertencia. Frente al edificio judicial, la exalcaldesa ha ratificado una denuncia contra varios ministros y mandos del Gobierno de Netanyahu por las presuntas agresiones sufridas en octubre durante la interceptación de la flotilla humanitaria. "Toda la humanidad está en peligro", ha dicho, y con esa frase no lanzaba un eslogan: formulaba una sentencia cargada de gravedad sobre lo que los denunciantes describen como un patrón de impunidad.

Son palabras que vienen avaladas por nombres y por datos fehacientes: junto a Colau han declarado Jordi Coronas, concejal por ERC en Barcelona, y uno de los capitanes del barco Adara. Jaume Asens, eurodiputado y abogado de los denunciantes, subraya que la Fiscalía ha recibido las denuncias y ha abierto diligencias preprocesales; la justicia española, añade, va a escuchar a las víctimas y a determinar la naturaleza de los hechos.

Los hechos que explican la denuncia no son alegatos etéreos: la flotilla Global Sumud, formada por 44 embarcaciones y 400 pasajeros, emprendió un viaje de 35 días con la intención de llevar ayuda a Gaza y romper el bloqueo. El 1 de octubre, las Fuerzas Armadas israelíes tomaron el control de los tres principales barcos del convoy —Alma, Sirius y Adara— con 90 pasajeros a bordo, 26 de ellos españoles. Los detenidos, activistas y periodistas, fueron trasladados a la prisión de Ketziot, en el Negev; muchos, como Colau y Coronas, no fueron deportados hasta días después.

La denuncia recoge relatos concretos sobre detención en aguas internacionales, malos tratos y condiciones de privación de derechos: Colau ha relatado el secuestro, los maltratos y la humillación —ponerles de rodillas, gritarles, mantenerlos con la cabeza en el suelo durante horas—; Coronas añadió cómo los militares entraron en los barcos con fusiles, apuntando a los ocupantes y encerrándolos en camarotes tras pedir apagar los motores.

Hay víctimas que aún sufren las consecuencias: Sally Issa, esposa del activista Saif Abukeshek, asistió a la declaración y relató que no pueden hablar con su marido y que solo tiene acceso a su abogado y al cónsul; el tribunal de Ashkelon ha prorrogado la detención de Saif Abukeshet y del brasileño Thiago Ávila seis días más, y Sally denuncia torturas y huelga de hambre. Las imágenes y los testimonios que describen gritos durante el traslado no son retórica: son parte del material que los denunciantes ponen ante la Fiscalía.

No se trata solo de un episodio aislado para quienes hoy se sientan ante jueces españoles: Colau y los demás sostienen que Israel no ha investigado estas vulneraciones y denuncian crímenes que catalogan como de guerra y de lesa humanidad. Llaman a los Estados europeos a "parar los pies" a lo que califican como un Estado que actúa con impunidad y que replica ataques también en el Líbano.

La Audiencia Nacional ha empezado a abrir cauces; la declaración de tripulantes de cinco de los viajes se produce este martes y otras comparecencias se irán sucediendo en los próximos días. Incluso una de las personas previstas para declarar lo hará por videoconferencia desde otra flotilla en alta mar, si la conexión lo permite, un gesto que subraya la continuidad de la movilización humanitaria y la persistencia de la disputa jurídica y política abierta por aquellos hechos.

La denuncia ante la Fiscalía no es una petición menor: es la invocación del derecho internacional frente a relatos de detención en alta mar, malos tratos y restricciones de derechos básicos. La respuesta de los tribunales españoles marcará si estos hechos se traducen en una investigación formal que esclarezca responsabilidades o si, por el contrario, la sensación de impunidad que denuncian los activistas sigue encontrando margen en escenarios ajenos a la rendición de cuentas.

En cualquier caso, lo que ha vuelto a poner sobre la mesa Colau y los suyos es un dilema europeo: cuando ciudadanos y ONG denuncian agresiones en aguas internacionales y traen esas denuncias ante tribunales nacionales, reclaman algo elemental y solemne a la vez: que la ley y la evidencia no queden subordinadas a la diplomacia o al silencio. La Audiencia Nacional empieza a escuchar; las preguntas, y la exigencia de respuestas, permanecen.