El Gobierno reafirma su hoja de ruta: 179 medidas para blindar el Estado del bienestar

El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros un plan anual que reúne 179 iniciativas legislativas y reglamentarias: 10 leyes orgánicas, 38 leyes ordinarias y 131 reales decretos. No es un catálogo de buenas intenciones: es la cartografía de una batalla política decidida a reforzar el Estado del bienestar y a garantizar el crecimiento económico en un contexto exterior convulso.

Pedro Sánchez mantiene la hoja de ruta con el objetivo explícito de completar la legislatura. Esa voluntad ribetea cada cifra del documento, y se alimenta de una ambición normativa que no renuncia —según el propio Plan— a dotar de previsión y seguridad jurídica a la Administración, a los particulares y a los operadores jurídicos.

El peso del Plan es inequívocamente social y económico. Entre las grandes apuestas figura la intención de presentar unos Presupuestos Generales del Estado —la principal norma incluida— pese a la ausencia de un cuadro macro estable por la “situación internacional” que dificulta fijar una fecha tope. Félix Bolaños lo expuso tras el Consejo: la voluntad de llevar la ley de cuentas públicas al Parlamento permanece, aunque el momento sea complejo.

La agenda del Gobierno no es tímida: reformas de calado en justicia, empleo y financiación autonómica. El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes lidera la lista de iniciativas con 20 propuestas; le siguen Transición Ecológica y Economía. En Justicia se propone, entre otras medidas, una nueva Ley del Servicio Público de Asistencia Jurídica Gratuita y prioridades como la protección del honor y la reforma de la llamada ley mordaza.

En lo laboral, el Plan recoge compromisos concretos: la subida del salario mínimo en 2027, que se enmarca en un incremento acumulado desde 2018, y reformas que tocan la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Estatuto de los Trabajadores para reforzar garantías frente al despido. La Ley de Democracia en la Empresa aspira a que los trabajadores tengan una participación “más eficaz” en sus compañías.

La agenda anticorrupción también ocupa un lugar destacado: la Ley Orgánica de Integridad Pública, parte del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, prevé la creación de una agencia independiente de integridad pública. En sanidad, la Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios busca racionalizar el gasto farmacéutico y adaptar la normativa a avances científicos.

No obstante, el plan se expone a la realidad parlamentaria. La ruptura del bloque de la investidura y la dificultad para recabar apoyos de fuerzas como Junts y Podemos son sombras que atraviesan la previsión normativa. El Gobierno recuerda, con razón, que ya ha aprobado 62 leyes en esta legislatura —incluidas dos reformas constitucionales— y resalta que el Parlamento ha registrado una actividad legislativa intensa en este periodo.

La ambición por actualizar el sistema de financiación autonómica es firme, aunque el modelo esbozado no cuenta con el respaldo del PP ni de algunos ejecutivos socialistas regionales. Es una muestra clara de que la prioridad social y territorial chocará con la geografía política del país.

El Plan Anual aprobado no es mera retórica: encierra medidas concretas que pretenden consolidar derechos, ofrecer seguridad jurídica y enfrentar desafíos económicos. Pero la letra normativa tendrá que traducirse en apoyos parlamentarios si quiere dejar de ser un plan para guardar y convertirse en ley efectiva. Esa es la prueba de fuego que afronta La Moncloa en medio de un escenario internacional tenso y de equilibrios internos delicados.